Flager tendrá que ceder a la Diputación la parcela 1B de la Finca Santamarina, lo que en la práctica significará que la institución provincial podrá construir, a mayores de los ya previstos, un edificio de nueve plantas (unas 50 viviendas, además de garaje y trasteros). Además, la inmobiliaria tendrá que pagarle 210.684 euros y permutar la parcela nueve del proyecto de compensación por la cinco, lo que significará que una de las dos torres de la Diputación estará situada en una mejor ubicación, más cercana al centro comercial de El Corte Inglés y en un terreno con mayor capacidad edificatoria en el subsuelo (para los garajes).
Estas son las consecuencias del acuerdo privado firmado en su día por Flager y la Diputación, al que una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ourense acaba de reconocer plena validez. El fallo, que puede ser recurrido ante la Audiencia provincial, condena también a la inmobiliaria a asumir las costas del procedimiento. La sentencia recoge las tesis del abogado de la Diputación, Emilio Atrio, que sostenía que el acuerdo había sido firmado libremente por las partes para subsanar los errores advertidos por la institución provincial en el proyecto de compensación.
Así, la magistrada Nuria Luisa Casero entiende que 'Flager era conocedora de lo injustificado de las alegaciones de la Diputación (según su criterio) pero por mero análisis económico de pérdidas y ganancias, como toda sociedad privada con fines lucrativos que se precie, decidió firmar el acuerdo'. En definitiva, aunque Flager no estaba conforme con las reivindicaciones de la Diputación y consideraba que no había errores de equidistribución en el proyecto, firmó el contrato 'libremente' y tras sopesar las circunstancias favorables y desfavorables, 'porque le interesaba'.
No en vano, la magistrada es contundente a la hora de desestimar el argumento de coacciones esgrimido por Flager, que alegó en el proceso que accedió a firmar el documento para que la Diputación retirara las alegaciones al proyecto de compensación y, de esta forma, que éste fuera aprobado por el Concello, ya que, de no ser así, podría perder el contrato con El Corte Inglés y exponerse a que un eventual gobierno municipal formado por BNG y PSOE echara abajo su proyecto en Mariñamansa,puesto que el acuerdo se firmó el 20 de abril de 2007, a un mes escaso de las anteriores municipales. En este sentido, la sentencia afirma que 'la verdadera amenaza no partió de la Diputación, sino de circunstancias ajenas a ella, como eran los propios acuerdos o expectativas de Flager en la operación'.
Reacciones
Para el gerente de la sociedad urbanística de la Diputación (Urbaourense), José Jesús Cudeiro, la sentencia 'es muy positiva porque reconoce que el aprovechamiento de la Diputación no era el adecuado y se le dará, si no se recurre, lo que le corresponde', al tiempo que muestra su satisfacción porque 'se reconoce la validez del contrato y que Flager no fue coaccionada por la Diputación'. Por su parte, el representante de la inmobiliaria, Francisco Castro, aseguraba que todavía no tenía conocimiento de la resolución judicial y prefería esperar a analizarla antes de pronunciarse sobre ella y sobre la posibilidad de recurrirla en la Audiencia.
Un contrato de 2,4 millones de euros
La sentencia ordena a elevar a escritura pública la cesión y permuta de las fincas incluidas en el acuerdo firmado el 20 de abril de 2007 entre Flager y la Diputación, que tiene una traducción económica de 2,4 millones de euros, ya que la parcela 1B que suma a mayores la Diputación está tasada en 2,1 millones de euros. Precisamente, la institución provincial venía reclamando en las juntas de compensación el cumplimiento del acuerdo y, ante la negativa de Flager a materializarlo, fue cuando recurrió a la vía judicial.
El origen del conflicto se remonta al reparto efectuado en la AR-39 entre Flager, propietaria del 63,768% de la finca, y la Diputación, que tiene un 36,232%. Una distribución que quedó plasmada en el acuerdo de la junta de compensación -integrada por ambas y el Concello- el 26 de junio de 2006.
Sin embargo, cuando el documento fue trasladado al Concello para que éste diera su aprobación, la Diputación percibió errores en el reparto y presentó alegaciones contra él.
Tal y como declararon en el juicio los representantes tanto de Flager como de la Diputación, ambas llegaron a este acuerdo privado, firmado el 20 de abril de 2007, por el convencimiento de que modificar el proyecto de compensación para adaptarlo a las exigencias de la Diputación o abrir una negociación al respecto implicaría una demora excesiva en el desarrollo de la Finca. Tras la firma, la institución provincial cumplió su parte y retiró las alegaciones, lo que permitió que el proyecto de compensación fuera aprobado definitivamente.
Así, la magistrada Nuria Luisa Casero entiende que 'Flager era conocedora de lo injustificado de las alegaciones de la Diputación (según su criterio) pero por mero análisis económico de pérdidas y ganancias, como toda sociedad privada con fines lucrativos que se precie, decidió firmar el acuerdo'. En definitiva, aunque Flager no estaba conforme con las reivindicaciones de la Diputación y consideraba que no había errores de equidistribución en el proyecto, firmó el contrato 'libremente' y tras sopesar las circunstancias favorables y desfavorables, 'porque le interesaba'.
No en vano, la magistrada es contundente a la hora de desestimar el argumento de coacciones esgrimido por Flager, que alegó en el proceso que accedió a firmar el documento para que la Diputación retirara las alegaciones al proyecto de compensación y, de esta forma, que éste fuera aprobado por el Concello, ya que, de no ser así, podría perder el contrato con El Corte Inglés y exponerse a que un eventual gobierno municipal formado por BNG y PSOE echara abajo su proyecto en Mariñamansa,puesto que el acuerdo se firmó el 20 de abril de 2007, a un mes escaso de las anteriores municipales. En este sentido, la sentencia afirma que 'la verdadera amenaza no partió de la Diputación, sino de circunstancias ajenas a ella, como eran los propios acuerdos o expectativas de Flager en la operación'.
Reacciones
Para el gerente de la sociedad urbanística de la Diputación (Urbaourense), José Jesús Cudeiro, la sentencia 'es muy positiva porque reconoce que el aprovechamiento de la Diputación no era el adecuado y se le dará, si no se recurre, lo que le corresponde', al tiempo que muestra su satisfacción porque 'se reconoce la validez del contrato y que Flager no fue coaccionada por la Diputación'. Por su parte, el representante de la inmobiliaria, Francisco Castro, aseguraba que todavía no tenía conocimiento de la resolución judicial y prefería esperar a analizarla antes de pronunciarse sobre ella y sobre la posibilidad de recurrirla en la Audiencia.
Un contrato de 2,4 millones de euros
La sentencia ordena a elevar a escritura pública la cesión y permuta de las fincas incluidas en el acuerdo firmado el 20 de abril de 2007 entre Flager y la Diputación, que tiene una traducción económica de 2,4 millones de euros, ya que la parcela 1B que suma a mayores la Diputación está tasada en 2,1 millones de euros. Precisamente, la institución provincial venía reclamando en las juntas de compensación el cumplimiento del acuerdo y, ante la negativa de Flager a materializarlo, fue cuando recurrió a la vía judicial.
El origen del conflicto se remonta al reparto efectuado en la AR-39 entre Flager, propietaria del 63,768% de la finca, y la Diputación, que tiene un 36,232%. Una distribución que quedó plasmada en el acuerdo de la junta de compensación -integrada por ambas y el Concello- el 26 de junio de 2006.
Sin embargo, cuando el documento fue trasladado al Concello para que éste diera su aprobación, la Diputación percibió errores en el reparto y presentó alegaciones contra él.
Tal y como declararon en el juicio los representantes tanto de Flager como de la Diputación, ambas llegaron a este acuerdo privado, firmado el 20 de abril de 2007, por el convencimiento de que modificar el proyecto de compensación para adaptarlo a las exigencias de la Diputación o abrir una negociación al respecto implicaría una demora excesiva en el desarrollo de la Finca. Tras la firma, la institución provincial cumplió su parte y retiró las alegaciones, lo que permitió que el proyecto de compensación fuera aprobado definitivamente.
