El letrado de la Bull asegura que el local no supone riesgo para los clientes, como indica la resolución municipal
El letrado que representa los intereses de la discoteca La Bull en la ciudad planteará un pleito contencioso administrativo contra el Concello de Ourense y contra el propio alcalde, Jesús Vázquez, por la orden municipal que pasada la medianoche del viernes le precintó el local, casi en plenas fiestas navideñas.
Antonio Feijóo Miranda ha asegurado que el establecimiento nocturno, ubicado en la Praza de Arturo Pérez Serantes, no supone riesgo alguno para la seguridad de las personas que acudan al local como, asegura, indica la resolución municipal firmada por el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, contra la apertura del local. El edil había reconocido el viernes que se iba a producir el precinto, atendiendo a informes jurídicos y de la Policía Local, en base, especialmente, a que se incumplía la normativa sobre evacuación de personas discapacitadas.
Como estaba previsto y anunciaban los tres policías apostados en la noche del viernes a las puertas del local, La Bull no pudo abrir al ser precintada la puerta en torno a la una de la madrugada. Había reabierto hace un mes, amparándose en una ley gallega de reciente aprobación, que entendía otorgada la licencia de apertura y actividad por silencio administrativo positivo. La Bull había solicitado la licencia en noviembre de 2014 y logró, señala, todos los informes técnicos favorables, entre ellos el de bomberos, pero a pesar de ello el gobierno local no le había dado expresamente el permiso.
De hecho, el informe de este cuerpo de seguridad precisa que "a accesibilidade está garantida pola entrada accesible dende a vía pública" y el uso de "a plataforma salvaescaleiras enténdese unha solución adecuada". El informe favorable lo firma un oficial de incendios. Una técnica del servicio de licencias también respalda la licencia de apertura y lo mismo dictamina la arquitecta municipal, pese a lo cual dos funcionarias del grupo jurídico negaron la licencia.
No hay peligro para las personas, reitera el letrado, que reconoce que hay un recurso contra la apertura por parte de un concejal y de un hostelero rival.
