OURENSE

Los dueños del edificio con restos arqueológicos acudirán al Juzgado

El abogado de los propietarios cree que la decisión de revisar la licencia y suspender las obras debe adoptarla el pleno

La revisión de la licencia acordada ayer por la junta de gobierno del Concello de Ourense a propósito del edificio de la calle Progreso donde fueron hallados restos arqueológicos "carece por completo de fundamento y la concejala (por Aurea Soto) lo sabe perfectamente", según precisó ayer el abogado de los propietarios del inmueble, Antonio Feijóo Miranda. Él sostiene que la licencia para demoler y construir un edificio de cinco pisos en este lugar, colindante con el área de reparto de As Burgas, fue otorgada de forma plenamente legal en el año 1996 "y no es aceptable iniciar su revisión casi 20 años después, cuando se encuentra en vigor" y los propietarios han comenzado a realizar las obras de demolición pertinentes, después de que una sentencia judicial les diera la razón y ratificara su derecho a que la licencia les fuera expedida.

Feijóo Miranda advierte de que la edil de Urbanismo "está nuevamente hurtando competencias al pleno de la Corporación, a quien corresponde declarar la lesividad de la licencia como paso previo e inexcusable a su revisión". Además, anunció el inmediato ejercicio de acciones judiciales, "sin paliativos ni demoras". Porque, se queja, la suspensión de las obras de demolición con la excusa de los "supuestos hallazgos casuales arqueológicos, que no eran sino restos de la vieja edificación existente cuyo derribo estaba autorizado también por licencia", sólo pretendía ganar tiempo "mientras encontraba quien le hiciera el informe que ahora le permite suspender la licencia de la construcción", en alusión al dictamen jurídico que avala la decisión de la junta de gobierno.

En el Concello ya justificaron la paralización de los trabajos porque, sean o no de valor los restos hallados, el mero hecho de que pudieran ser de relevancia obliga ya a parar las obras, una decisión, precisaron ya en su momento y nuevamente en la junta de gobierno, debe ser obedecida. Soto apuntó, tras la reunión, que "sólo desde la impunidad se puede entender tal grado de prepotencia, frente al gobierno y a la ciudad; y nada menos que en As Burgas".

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