El Concello de Carballiño seguirá la vía ejecutiva de embargo de bienes a los propietarios del edificio de la calle Rosalía de Castro, cuya última planta está pendiente de derribo. El alcalde Carlos Montes y el concejal de Urbanismo, Manuel Amil, declararon que ya se agotaron los plazos establecidos por la legislación vigente para cobrar las sanciones que se han impuesto a los propietarios por no acatar la orden municipal de derribo.
Han sido en total tres multas, cuyo importe total ronda los 6.000 euros. Ramón García, uno de los propietarios del inmueble, manifestó al respecto que 'si o Concello intenta embargar, eu terei que defenderme', insistiendo en que 'cónstame que hai outros edificios en situación ilegal e polo tanto estase producindo un agravio comparativo'.
El Concello había desestimado el recurso presentado por los propietarios contra la orden de derribo, planteando como alternativas paralizar las obras de la última planta, pero continuar con el resto del edificio. Al mismo tiempo, los afectados consideran que el plan urbanístico, una vez reformado, considerará legal esa altura más en la fachada que limita con la Alameda. Manuel Amil matizó que 'o derribo xa non ten volta atrás, e no que concierne ó plan urbanístico non estará listo ata o 2013, e non hai ningunha garantía de que contemplará como legal esa altura'.
Los propietarios también alegaron que derribar la última planta podría afectar al resto de la estructura, algo que tampoco aceptó el Concello.
Transcurrido más de un año, el inmueble no cuenta con licencia de ocupación, después de haber sido paralizadas en varias ocasiones las obras. Los propietarios aseguran que están perdiendo mucho dinero, pero no ejecutan la orden de derribo, pese a haber presentado en el Concello un proyecto en ese sentido. Manuel Amil, por su parte, asegura que 'o Concello non pode asumir o coste porque é importante'.
El Concello había desestimado el recurso presentado por los propietarios contra la orden de derribo, planteando como alternativas paralizar las obras de la última planta, pero continuar con el resto del edificio. Al mismo tiempo, los afectados consideran que el plan urbanístico, una vez reformado, considerará legal esa altura más en la fachada que limita con la Alameda. Manuel Amil matizó que 'o derribo xa non ten volta atrás, e no que concierne ó plan urbanístico non estará listo ata o 2013, e non hai ningunha garantía de que contemplará como legal esa altura'.
Los propietarios también alegaron que derribar la última planta podría afectar al resto de la estructura, algo que tampoco aceptó el Concello.
Transcurrido más de un año, el inmueble no cuenta con licencia de ocupación, después de haber sido paralizadas en varias ocasiones las obras. Los propietarios aseguran que están perdiendo mucho dinero, pero no ejecutan la orden de derribo, pese a haber presentado en el Concello un proyecto en ese sentido. Manuel Amil, por su parte, asegura que 'o Concello non pode asumir o coste porque é importante'.
