El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Frigoríficos y Mercancías de Pontevedra (Atefrimer), Juan Borrajo, demandaba ayer información y reconocía que asociados de este colectivo ya fueron sancionados en las autovías de peaje lusas, las denominadas 'scuts', aunque con multas que consideran de cuantía moderada, entre 90 y 150 euros.
Borrajo lo afirmaba así después de que el secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, hiciese público un comunicado en el que aseguraba que el Ministerio de Transportes portugués le había comunicado que ningún conductor gallego había sido sancionado.
Ese mismo ministerio, y así lo recogieron los medios de comunicación portugueses, hizo público recientemente un primer balance de la implantación del peaje, asegurando que habían sido multados más de 55.000 conductores de diversas procedencias. Fuentes de ese ministerio, que engloba Obras Públicas y Comunicaciones, facilitaron, a instancias de La Región, la cuantía de conductores gallegos y ourensanos sancionados, 3.000 y casi medio millar, respectivamente, partiendo del listado de matrículas multadas. Pese a ello, Vázquez Mao aseguraba ayer que el Ministerio portugués había 'desautorizado' a esas fuentes.
El empresario pontevedrés, por otra parte, reclamaba ayer la instalación de un punto de información en la frontera de Tui para dar a conocer a los conductores, sobre todo a los camioneros, los lugares y formas en los que se puede adquirir un dispositivo electrónico'. 'Los conductores que residimos o trabajamos cerca de la frontera ya estamos al corriente pero los que llegan de Madrid u otros puntos desconocen qué hay que hacer', explicó Borrajo, que hizo hincapié en que 'las pantallas electrónicas informan a los conductores del peaje cuando ya están circulando por la calzada', apuntó. 'Abonamos más de una multa, aunque hay que reconocer que la Policía portuguesa (por la Guardia Nacional Rpublicana) tiene un abanico muy amplio para sancionar, pero creo que está siendo benévola' afirmó el presidente del colectivo.
Vázquez Mao también cree que el Gobierno luso será tolerante con los conductores gallegos 'hasta que se normalicen los sistemas de pago, ya sea el alquiler o la compra de dispositivos.
Mientras, el temor a las sanciones llevó a los responsables de Apetamcor (asociación de transportistas de Ourense) a alcanzar un acuerdo con la multinacional petrolera Cepsa para distribuir los dispositivos electrónicos entre sus asociados.
Ese mismo ministerio, y así lo recogieron los medios de comunicación portugueses, hizo público recientemente un primer balance de la implantación del peaje, asegurando que habían sido multados más de 55.000 conductores de diversas procedencias. Fuentes de ese ministerio, que engloba Obras Públicas y Comunicaciones, facilitaron, a instancias de La Región, la cuantía de conductores gallegos y ourensanos sancionados, 3.000 y casi medio millar, respectivamente, partiendo del listado de matrículas multadas. Pese a ello, Vázquez Mao aseguraba ayer que el Ministerio portugués había 'desautorizado' a esas fuentes.
El empresario pontevedrés, por otra parte, reclamaba ayer la instalación de un punto de información en la frontera de Tui para dar a conocer a los conductores, sobre todo a los camioneros, los lugares y formas en los que se puede adquirir un dispositivo electrónico'. 'Los conductores que residimos o trabajamos cerca de la frontera ya estamos al corriente pero los que llegan de Madrid u otros puntos desconocen qué hay que hacer', explicó Borrajo, que hizo hincapié en que 'las pantallas electrónicas informan a los conductores del peaje cuando ya están circulando por la calzada', apuntó. 'Abonamos más de una multa, aunque hay que reconocer que la Policía portuguesa (por la Guardia Nacional Rpublicana) tiene un abanico muy amplio para sancionar, pero creo que está siendo benévola' afirmó el presidente del colectivo.
Vázquez Mao también cree que el Gobierno luso será tolerante con los conductores gallegos 'hasta que se normalicen los sistemas de pago, ya sea el alquiler o la compra de dispositivos.
Mientras, el temor a las sanciones llevó a los responsables de Apetamcor (asociación de transportistas de Ourense) a alcanzar un acuerdo con la multinacional petrolera Cepsa para distribuir los dispositivos electrónicos entre sus asociados.
