El cadáver de la mujer brasileña María do Socorro Dasilva, de 26 años, permanecerá en el Tanatorio Ourensano hasta que la Justicia decida dónde será enterrado, si en Ribadavia, por ser el lugar en que lo encontró la Guardia Civil; en O Carballiño, comarca a la que pertenece el lugar (Pazos de Arenteiro) en que Ramón Fernández confesó haberla arrojado al río Avia, o en Ourense, donde se inició la investigación. Su familia no reclamó los restos al no disponer de los 8.000 euros que cuesta repatriarlos a Brasil.
La estancia en la ciudad de la joven brasileña María do Socorro Dasilva, 26 años, comenzó y acabó mal. Llegó a Ourense a finales de 2008 y cuando apenas habían transcurrido dos semanas presentó una denuncia por malos tratos contra el hombre, un carpintero ourensano, en el que depositó toda la confianza y corrió con los gastos del viaje; incluido el billete de ida y vuelta.
La mujer lo abandonó y se fue a vivir con una amiga, y cuando aún no había pasado un mes de la denuncia, el 10 de febrero, un vecino de Riobóo (Cenlle) la mató de dos disparos con una escopeta de cañones recortados en su propia bodega. El autor de la muerte era un cliente habitual ya que ella acabó ejerciendo la prostitución para subsistir.
Cuando se despidió de su pueblo, Bocabal (Brasil), ni se imaginaba que su aventura terminaría tan rápido y con un final tan trágico. Ahora, su desdicha continúa incluso después de muerta, dado que su cadáver permanece desde hace 15 días en el interior de una sala fría del Tanatorio Ourensano, en Santa Mariña do Monte, a la espera de recibir sepultura.
Los responsables de las instalaciones declinaron hablar sobre la posible repatriación de los restos a Brasil o de enterrarlos en Ourense pero, según pudo saber La Región, ya plantearon en varias ocasiones al Imelga (Instituto de Medicina Legal) la necesidad de dar sepultura al cadáver, debido a su estado de conservación dado que, cuando lo rescató la Guardia Civil del Avia, ya llevaba 15 días en el agua.
Los forenses del Imelga no pusieron ningún obstáculo a que le den sepultura, dado que no es necesaria una segunda autopsia, pero la decisión depende de la Justicia que, en caso de que la familia de María do Socorro reclamase el cuerpo, tendría que autorizar la repatriación a Brasil y de no ser así, darle sepultura en un cementerio de Ourense.
La familia ya comunicó la decisión de no hacerse cargo del cuerpo al no disponer de los 8.000 euros que cuesta enviar el féretro a su país natal. La cifra se podría incrementar en otros 3.000 al tener que preparar el cadáver con productos químicos debido a su avanzado estado de descomposición. También cabe una posible cremación, que rebajaría la cifra, viaje incluido, alrededor de 1.500 euros, pero los familiares tampoco disponen de ese dinero, al ser una familia numerosa y carente de recursos económicos.
Descartadas estas dos opciones, los restos podrían ser enterrados en la provincia, pero a día se desconocía qué Juzgado tiene que autorizarlo; si el de Ribadavia, por ser al que pertenece la localidad de Riobóo (Cenlle), donde Ramón Fernández confesó que la había matado; el de Carballiño, cuyo titular fue el encargado de ordenar el levantamiento del cadáver en el río Avia después de que el presunto agresor lo arrojara al agua desde un puente de Pazos de Arenteiro o el de Instrucción 2, que fue el encargado de la investigación preeliminar cuando la amiga de la fallecida presentó la denuncia por desaparición.
Los tres juzgados tienen diligencias abiertas por el caso y sus titulares tendrán que inhibirse por un solo Juzgado, posiblemente en el de Ribadavia, según fuentes de la judicatura.
Mientras no se unan todas las diligencias, los restos mortales de la joven no serán enterrados y continuarán en el tanatorio de la ciudad.
Un panteón público
Pero no es este el único escollo. Tras firmar el juez el auto del entierro, el Concello ribadaviense tendrá que habilitar un espacio en el cementerio municipal y sufragar los gastos, que se incrementan cada día que el cadáver permanece en la funeraria.
Los ministerios españoles de Interior y Asuntos Exteriores declinaron ayer pronunciarse sobre la repatriación alegando que el cadáver permanece en el tanatorio por decisión judicial.
En la sede viguesa del Consulado de Brasil se negaron a hablar sobre el envío de los restos a la localidad de Bocabal por cuenta de las administraciones brasileña y española.
La mujer lo abandonó y se fue a vivir con una amiga, y cuando aún no había pasado un mes de la denuncia, el 10 de febrero, un vecino de Riobóo (Cenlle) la mató de dos disparos con una escopeta de cañones recortados en su propia bodega. El autor de la muerte era un cliente habitual ya que ella acabó ejerciendo la prostitución para subsistir.
Cuando se despidió de su pueblo, Bocabal (Brasil), ni se imaginaba que su aventura terminaría tan rápido y con un final tan trágico. Ahora, su desdicha continúa incluso después de muerta, dado que su cadáver permanece desde hace 15 días en el interior de una sala fría del Tanatorio Ourensano, en Santa Mariña do Monte, a la espera de recibir sepultura.
Los responsables de las instalaciones declinaron hablar sobre la posible repatriación de los restos a Brasil o de enterrarlos en Ourense pero, según pudo saber La Región, ya plantearon en varias ocasiones al Imelga (Instituto de Medicina Legal) la necesidad de dar sepultura al cadáver, debido a su estado de conservación dado que, cuando lo rescató la Guardia Civil del Avia, ya llevaba 15 días en el agua.
Los forenses del Imelga no pusieron ningún obstáculo a que le den sepultura, dado que no es necesaria una segunda autopsia, pero la decisión depende de la Justicia que, en caso de que la familia de María do Socorro reclamase el cuerpo, tendría que autorizar la repatriación a Brasil y de no ser así, darle sepultura en un cementerio de Ourense.
La familia ya comunicó la decisión de no hacerse cargo del cuerpo al no disponer de los 8.000 euros que cuesta enviar el féretro a su país natal. La cifra se podría incrementar en otros 3.000 al tener que preparar el cadáver con productos químicos debido a su avanzado estado de descomposición. También cabe una posible cremación, que rebajaría la cifra, viaje incluido, alrededor de 1.500 euros, pero los familiares tampoco disponen de ese dinero, al ser una familia numerosa y carente de recursos económicos.
Descartadas estas dos opciones, los restos podrían ser enterrados en la provincia, pero a día se desconocía qué Juzgado tiene que autorizarlo; si el de Ribadavia, por ser al que pertenece la localidad de Riobóo (Cenlle), donde Ramón Fernández confesó que la había matado; el de Carballiño, cuyo titular fue el encargado de ordenar el levantamiento del cadáver en el río Avia después de que el presunto agresor lo arrojara al agua desde un puente de Pazos de Arenteiro o el de Instrucción 2, que fue el encargado de la investigación preeliminar cuando la amiga de la fallecida presentó la denuncia por desaparición.
Los tres juzgados tienen diligencias abiertas por el caso y sus titulares tendrán que inhibirse por un solo Juzgado, posiblemente en el de Ribadavia, según fuentes de la judicatura.
Mientras no se unan todas las diligencias, los restos mortales de la joven no serán enterrados y continuarán en el tanatorio de la ciudad.
Un panteón público
Pero no es este el único escollo. Tras firmar el juez el auto del entierro, el Concello ribadaviense tendrá que habilitar un espacio en el cementerio municipal y sufragar los gastos, que se incrementan cada día que el cadáver permanece en la funeraria.
Los ministerios españoles de Interior y Asuntos Exteriores declinaron ayer pronunciarse sobre la repatriación alegando que el cadáver permanece en el tanatorio por decisión judicial.
En la sede viguesa del Consulado de Brasil se negaron a hablar sobre el envío de los restos a la localidad de Bocabal por cuenta de las administraciones brasileña y española.
