Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se acumulan desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo. La avalancha de procedimientos de esta naturaleza ha tenido, al menos, dos consecuencias: por una parte, el incremento exponencial de trabajo para gestorías y demás despachos profesionales que se han visto obligados a redoblar esfuerzos para cumplir los plazos y, por otro, la tensión a la que se ha visto sometida la Administración.
En el caso de Ourense, con escasos medios, la delegación del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) ha tenido que multiplicarse para resolver los trámites presentados por las empresas para dar salida a los expedientes.
El ritmo de solicitudes ha sido muy intenso, ingente en la mayoría de las ocasiones. Según datos del propio Sepe, durante la Semana Santa se resolvieron más de 3.000 expedientes, según datos del citado departamento.
La resolución de los casos de ERTE son fundamentales porque los plazos suelen ser cortos para presentar los trámites y también es urgente la respuesta de la Administración, De ello depende que los trabajadores incluidos en aquellos expedientes que han sido aceptados puedan cobrar la parte de la prestación pública en el plazo más breve de tiempo.
Por otra parte, libera a las empresas de tener que afrontar pagos de las nóminas mientras están sin producir.
Por esos motivos se siguen produciendo llamadas de atención para el cumplimiento de los plazos. El Sepe ha prometido hacer "un esfuerzo" para garantizar que los trabajadores afectados puedan tener ingresada su prestación en el mes de mayo.
La delegación ourensana de este departamento del Gobierno central ha dedicado la mayor parte de sus recursos humanos y técnicos a la resolución de los ERTE proprovinciales. La avalancha de consultas para la petición de información llegó a bloquear de las líneas telefónicas. El director provincial del Sepe reconocía en una entrevista en La Región que la carga de trabajo se multiplicó desde el decreto del estado de alarma, hasta que el punto de que supone "o 900% do que había antes", según cuantificó su responsable en la provincia, Celso Fernández.
La multiplicación de los ERTE determina hasta qué punto la crisis del coronavirus está condicionando la vida de las empresas. Pero, además, cualquier retraso aboca a muchas pymes a plantearse incluso presentar concursos de acreedores, una opción que ya les consta a abogados y economistas, según fuentes de ambos colectivos profesionales de la ciudad.
Retroactividad
Pero, la tramitación de los expedientes de regulación de empleo atiende una petición de las empresas sobre los denominados ERTE retroactivos. Se trata de aquellos procedimientos acometidos por las empresas como consecuencia del decreto del estado de alarma del 14 de marzo aunque la tramitación se haya hecho a posteriori.
Es decir, una empresa ha podido seguir activa en fecha posterior a la declaración de estado de alarma pero, en el caso de que necesitase acogerse a una de las circunstancias previstas en el decreto, podría hacerlo y computarían los derechos desde el 14 de marzo.
Este tipo de casos se pueden dar cuando se detecta algún fallo en la tramitación de los expedientes o que, sencillamente, el empresario ha considerado que podría mantener la actividad sin necesitar solicitar el expediente de regulación.
Por otra parte, el Gobierno modificó ayer la regulación de los expedientes por fuerza mayor para que puedan acceder a ellos aquellas empresas que pertenecen a sectores esenciales pero cuyos ingresos se han visto mermados por la restricción de la movilidad.
Ahora se les permitirá presentar un ERTE para incluir a trabajadores no indispensables para su actividad esencial (fuerza mayor parcial).
No cesa la carga en las oficinas gestoras
La carga de trabajo en los despachos para presentar las solicitudes de ERTE sigue siendo muy intensa, aunque sin los síntomas de colapso que se veían poco después del día 14. El problema ha cambiado de orientación porque las prisas ya no están por presentar los documentos en plazo, sino en ver que se están produciendo contestaciones por parte de la Administración denegando la solicitud. En este sentido, en colectivos como los gestores administrativos, afirman que están empezando a recibir, con fecha de hace varios días, "denegaciones de ERTE justificadas en que los negocios representados no estaban obligados a cerrar".
El colectivo indica que estas negativas "llegan sin tiempo para reaccionar y poder presentar un nuevo ERTE por causas económicas con el tiempo suficiente para que no suponga la quiebra de las empresas afectadas". Señalan que "si se hubieran notificado a tiempo, las empresas podrían haber reaccionado antes, hubieran presentado un ERTE por causas económicas y los trabajadores habrían cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado".
