La Policía Local procedió ayer a precintar el edificio situado en el número 3 de la avenida de Pontevedra para desalojar a sus inquilinos, dadas las graves carencias en materia de seguridad detectadas por los técnicos del PERI. En total han sido cuatro los locales comerciales que se ven así abocados al cierre (dos lo hicieron ya), dado que cuentan con cinco días para abandonar el inmueble. La edil de Urbanismo recalca que la cubierta y el patio interior del edificio debían haber sido arreglados hace tiempo.
La peluquería Everman, almacenes La Verdad y Moda Junior (los dos primeros ya están cerrados hace semanas) son tres de los negocios que se ven abocados al cierre después de que la Policía Local precintase ayer el número 3 de la avenida de Pontevedra para proceder a su desalojo, después de que un informe técnico de la oficina del PERI decretase su estado de ruina y el peligro que puede suponer para la seguridad de las personas. Asimismo, también se ha visto afectado el café Victoria, que pese a estar en el inmueble anexo, sus aseos se encuentran en la parte del edificio en ruina.
Ya el pasado 31 de mayo de 2007, la Junta de gobierno adoptó un acuerdo para proceder a este desalojo con el fin de que los propietarios del inmueble lo apuntalasen. Tras un aplazamiento solicitado por los inquilinos, los dueños del inmueble presentaron por escrito el 4 de diciembre un agravamiento de la situación del edificio, conminando al Concello a apuntalarlo.
Riesgo de colapso
A la vista de este escrito, el aparejador municipal advirtió, el pasado 18 de diciembre, de riesgo de colapso y hundimiento del edificio por el estado de la cubierta, lo que venía a señalar del grave riesgo de un derrumbe. Así, un informe del PERI señaló la necesidad de primar el derecho a la vida de sus ocupantes, por lo que propuso un decreto de Urbanismo para preservar la seguridad.
Este decreto, efectivo ayer, ordenó el desalojo de los inquilinos en el plazo de cinco días, así como instar a los propietarios a que apuntalen el edificio, retiren los escombros y protejan la fachada del bloque en diez días. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, recordó que la cubierta del inmueble debió ser arreglada por los propietarios hace años para evitar esta situación, ya que ahora éstos deben presentar un proyecto de demolición, preservando la fachada, y tratar de negociar el realojo de los inquilinos afectados.
Ya el pasado 31 de mayo de 2007, la Junta de gobierno adoptó un acuerdo para proceder a este desalojo con el fin de que los propietarios del inmueble lo apuntalasen. Tras un aplazamiento solicitado por los inquilinos, los dueños del inmueble presentaron por escrito el 4 de diciembre un agravamiento de la situación del edificio, conminando al Concello a apuntalarlo.
Riesgo de colapso
A la vista de este escrito, el aparejador municipal advirtió, el pasado 18 de diciembre, de riesgo de colapso y hundimiento del edificio por el estado de la cubierta, lo que venía a señalar del grave riesgo de un derrumbe. Así, un informe del PERI señaló la necesidad de primar el derecho a la vida de sus ocupantes, por lo que propuso un decreto de Urbanismo para preservar la seguridad.
Este decreto, efectivo ayer, ordenó el desalojo de los inquilinos en el plazo de cinco días, así como instar a los propietarios a que apuntalen el edificio, retiren los escombros y protejan la fachada del bloque en diez días. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, recordó que la cubierta del inmueble debió ser arreglada por los propietarios hace años para evitar esta situación, ya que ahora éstos deben presentar un proyecto de demolición, preservando la fachada, y tratar de negociar el realojo de los inquilinos afectados.
