Benestar permitió la inactividad de la funcionaria que denunció por acoso laboral a Rogelio Martínez y a otros dos cargos de la consellería

Estuvo años en la Xunta sin realizar tarea alguna

Cobreiro, Selas y Martínez, en el banquillo, al inicio del juicio. (Foto: M. ANGEL)
Una funcionaria del cuerpo técnico (es pedagoga) de la Xunta, empleada en el centro sociocomunitario de la calle Concejo de la ciudad, estuvo al menos siete meses, entre 2009 y 2010, en su puesto de trabajo sin hacer absolutamente nada, ocupando la biblioteca a modo de despacho, aunque sin ordenador ni material; después, la situación se repitió, con escasas excepciones en ese tiempo, hasta la actualidad.
Todo ello sin que ningún superior le llamase la atención o intentase sancionarla por su inacción, algo que recalcaron ayer tanto el fiscal como la titular del Juzgado de lo Social 3 de Ourense, que presidió la vista oral por la denuncia de la mujer, M.M.P.F., contra dos cargos de la Consellería de Benestar en Ourense, por acoso laboral. Son el jefe de servicio de prestaciones, Manuel Cobreiro, y el jefe territorial de Benestar, José Selas. Las partes eximieron finalmente de culpa al tercer denunciado, el delegado territorial, Rogelio Martínez, al considerar que no tuvo competencia alguna en el supuesto acoso, sólo fue el receptor de un escrito de queja de la trabajadora, en mayo de 2010.


LA DEMANDA

Al final, letrada de la Xunta, la de los dos acusados y el propio fiscal pidieron la desestimación de la demanda, instando además la primera a que se la condene a una multa por temeridad y al pago de las costas, y apelando este último a que muy pocos argumentos han quedado acreditados en esta vista, prácticamente sólo la 'connivencia' entre la funcionaria, que no trabajaba, y la Administración, que se lo permitió. El abogado de la denunciante pidió que se estimase su demanda.

En realidad, la mujer declaró en su testimonio que se sentía víctima de acoso desde 2006, sin que la situación mejorase pese a que pasó por varios departamentos, hasta que llegó al de Dependencia, donde sus enfrentamientos con el jefe de servicio, que ella reconoció, obligaron en 2009 a trasladarla al centro sociocomunitario, donde confirmó que no hacía tarea alguna. El director entonces de la instalación así lo declaró también, aunque la recibió con el encargo de que sirviese de apoyo a las actividades de ocio y formación que allí se realizan; pero las labores no eran acordes a su cualificación, según los testimonios de los testigos, de los acusados y de ella misma; ni en ese momento ni tampoco en los posteriores trabajos que Selas le encomendó, relacionados con propuestas de programación de actividades. Por eso, sólo haría uno, declinando cumplir otros encargos posteriores, sin que ello le acarrease sanción alguna. Ahora su tarea es informar sobre tramitaciones de Risga y emergencias a usuarios del centro, pero ninguno de ellos le ha pedido información al respecto.

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