El ex alcalde de Calvos de Randín, absuelto de presunta prevaricación al faltar pruebas

Antonio Rodríguez Alonso, ex alcalde de Calvos. (Foto: Archivo)
El ex alcalde de Calvos de Randín, Antonio Rodríguez, fue absuelto de un delito de prevaricación al no estar probado que autorizase el inicio de las obras de construcción de los vestuarios de las piscinas del municipio antes de que fueran adjudicadas por parte de la Diputación. Los hechos ocurrieron en el mes de julio de 2006.
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha absuelto al ex alcalde de Calvos de Randín, Antonio Rodríguez Alonso, del delito de prevaricación del que se le acusaba en relación a su presunta autorización a una empresa para que comenzase unas obras que todavía no habían sido adjudicadas. La magistrada entiende que ‘si bien no es lógico pensar que la constructora por su cuenta y riesgo haya ejecutado unas obras sin saber siquiera si se las iban a pagar, no existe prueba directa que acredite que el acusado autorizase verbalmente al constructor la ejecución de la obra’.

La jueza analiza en la sentencia los testimonios no sólo del alcalde sino también de uno de los socios de la constructora y su mujer. Así, el ex alcalde negó en todo momento haber autorizado la construcción de los vestuarios de las piscinas de Calvos de Randín. La declaración del constructor, por su parte, ‘tiene poca virtualidad probatoria, ya que en el juicio no resulta con claridad que el acusado le autorizase a ejecutar la obra pero aunque así fuera se aprecian en la declaración de este testigo muchas contradicciones con la que prestó en instrucción’. Mientras, la mujer aseguró que su marido le había dicho que el entonces alcalde había aceptado que comenzasen la obra, si bien la jueza desecha esta declaración ‘porque no estaba presente en la conversación entre el alcalde y su marido’.

Hechos probados

Según recoge la sentencia, el 29 de junio de 2006 la Diputación aprobó el expediente de contratación de las obras de construcción de los vestuarios de las piscinas de Calvos de Randín. Las empresas que quisiesen optar a la adjudicación de los trabajos tenían de plazo hasta el 8 de agosto de 2006. En el mes de julio, la constructora comenzó las obras. No ha quedado acreditado que el acusado diese su autorización. El empresario declaró que comenzó la obra porque tenía tres o cuatro buenos operarios en la zona y no quería deshacerse de ellos y que luego presentaría en el concurso de adjudicación la oferta más baja.


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