El fiscal duda que los escribiera ella y llama a declarar al hermano de la víctima como testigo
El procesamiento contra seis integrantes del conocido como clan de los Madriles, por la violación y retención ilegal de una joven durante 20 días -uno como autor material y el resto como cooperadores-, se presenta como un desafío para el fiscal del caso a la hora de probar la agresión sexual. La víctima asegura que fue violada en numerosas ocasiones durante su cautiverio. Además, según ese testimonio, sufría continuas vejaciones: era obligada a comer su propio vómito o dormir sobre su orina. Sufrió golpes, fue forzada a drogarse y a intervenir en delitos contra la propiedad. En caso contrario, el principal inculpado, Javier G.J., la amenazaba con matarla o arrancarle los ojos.
Su testimonio, tal como reveló el juez en el auto de procesamiento, es "coherente, razonable y perfectamente creíble". Por contra, el principal inculpado asegura que la denunciante mantuvo relaciones consentidas y nunca estuvo retenida contra su voluntad. Esto es, no hubo, según él, violencia ni intimidación. Alega que las puertas de la vivienda estaban abiertas, ella salía al exterior -a la tienda y sacaba la basura- e incluso mandaba mensajes tranquilizadores a su madre. La familia incluso aportó un vídeo en el que la perjudicada participaba de la fiesta.
Por esta razón, para apuntalar el contexto intimidatorio en el que vivía la víctima mientras estuvo en la casa de los Madriles, el fiscal ha pedido que declare el hermano. Este último era la persona que leía los wasaps que enviaba su hermana a su madre, la persona que dio la voz de alarma a la policía, para decirle que todo iba bien. La progenitora, según declaró en el juzgado, los recibía desde dos teléfonos distintos, el de su hija y el de Javier G.J. Pero se puso en alerta cuando "el niño" -su hijo- compartió que no le parecían mensajes escritos por su hermana. Ella solía ser parca en palabras y aquellos eran demasiado profusos en detalles.
El fiscal, entre otras solicitudes, ha reclamado al juez de Instrucción 1 que llame a declarar al hermano para cotejar y ahondar en la posible manipulación de los wasaps que recibía la madre. Una testifical a la que el juez ya ha puesto fecha. Asimismo, el informe forense será determinante para evaluar la secuelas físicas y síquicas de la agresión sexual denunciada, una prueba pericial clave de cara a sostener un acusación por violación continuada (el delito más grave de los mencionados en el procesamiento) y un fallo condenatorio.
La víctima denunció que el 4 de enero de 2018, Javier G. J. la obligó a alquilar una habitación en un hotel mediante coacciones y amenazas (la defensa afirma que constan dos noches). La mujer asegura que después estuvo 20 días retenida en contra de su voluntad en el domicilio del sospechoso.
