Pese a que dice que la junta estaba al corriente de las operaciones bancarias, la presidenta lo niega
La solvencia económica de "Aspanas Termal" como centro especial de empleo de discapacitados psíquicos (hoy en proceso de liquidación) planeó ayer en la primera sesión del juicio por un delito societario que se sigue contra el que fuera director gerente de la Asociación Aspanas entre 2002 y 2013, José Rodríguez Fernández.
Pese a que tanto el inculpado como su esposa, la exgerente de Aspanas Termal que compareció como testigo, insistieron en que el centro de empleo era viable económicamente, circunscribiendo las operaciones bancarias a una mecánica instaurada para el pago de nóminas, el contable de la asociación que compareció en calidad de perito puso el acento en la inseguridad. En 2013, Aspanas Termal -explicó- ya estaba en quiebra técnica por lo que tanto el contrato de factoring (cesión de derechos de cobro de facturas a cambio de adelantar el importe de las deudas) con el BBVA para obtener 166.887 euros como una pignoración de 100.00 euros en el Banco Popular "eran operaciones muy arriesgadas".
Tanto la fiscal como Aspanas acusan a Rodríguez Fernández de un delito societario al que la acusación particular añade administración desleal al entender que "la gestión del acusado obligó a suscribir un préstamo de 2,1 millones de euros para refinanciar la deuda".
El inculpado, también representante legal de Aspanas Termal, explicó a la jueza que los poderes que tenía atribuidos por contrato de alta dirección, tras una modificación en 2007 por la que pasó a cobrar 42.000 euros al año y pactó una cuantiosa indemnización por despido, le facultaban para realizar operaciones bancarias que sólo tenía como objeto "el pago de nóminas" a los trabajadores. "Formaba parte de mis funciones", recalcó. E insistió en que "todos los movimientos" que realizaba dentro de los cometidos de su gestión eran conocidos por la junta directiva. "Nunca me apartaba de los mandatos establecidos", aseguró, para añadir que "en una gestión tan complicada es difícil que no surjan excepcionalidades".
El exgerente mantiene que la directiva que se hizo a cargo de la Asociación Aspanas en febrero de 2013 tuvo conocimento del factoring con cargo a una subvención pendiente, que resultó que ya habia sido cobrada, aunque él lo desconocía, y la pignoración de una deuda de Aspanas Termal.
La actual presidenta de Aspanas, Antonia Masid, negó categóricamente que la directiva que asumió las riendas de la entidad sin ánimo de lucro en 2013 tuviera conocimiento de las operaciones financieras pese a las advertencias de que "si usaba los poderes del contrato de alta dirección tenía que comunicarlo". Y explicó que las nuevas atribuciones asumidas en 2007 no fueron informadas en asamblea, a la que ella en ese momento asistió como socia. Dibujó la gestión de José Rodríguez como una etapa en la que hacía y deshacía a su antojo, ocultando la verdadera situación económica.
Por su parte, Rosa Carrera, esposa del acusado y gerente de Aspanas Termal, fue profusa en sus explicaciones. Según su testimonio, la operación de factoring entraba en la mecánica normal de funcionamiento para pagar las nóminas y garantizar los 140 puestos de trabajo. A su entender, Aspanas Termal era rentable y se dejó morir.
