Es necesario consensuar un nuevo sistema de gestión forestal sostenible, que ponga en valor el monte y que éste se considere un activo que genere empleo y riqueza. Es la clave, según señalaron los participantes en el Foro La Región desarrollado ayer, para paliar el grave problema de incendios que sufre Galicia.
La sesión, que se desarrolló en el salón de actos del Edificio Xurídico-Empresarial del Campus de Ourense, contó con las intervenciones de Rafael Crecente Maseda, profesor de la Universidad de Santiago y coordinador del Máster de Xestión Sostible da Terra e do Territorio, Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente y coordinador de incendios de Galicia; Elier Ojea, presidente de la organización empresarial Confemadera; Xosé Alfredo Pereira Martínez, presidente de la organización gallega de comunidades de montes vecinales en mano común; y Xosé Luis Castro, vocal de biodiversidad de la Federación Ecologista de Galicia. El director de La Región, Xosé Pastoriza, fue el encargado de moderar el debate.
A juicio de los participantes, el monte gallego fue tradicionalmente una fuente de riqueza, pero el cambio de modelo socioeconómico de las últimas décadas propició el abandono del rural y, consecuentemente, de los montes, de modo que en la actualidad no se considera un medio capaz de generar riqueza.
Las bases de este nuevo modelo se deben asentar con una ley de montes consensuada por toda la sociedad y grupos políticos, y con una visión a largo plazo, según pusieron de manifiesto los ponentes, que también sostuvieron que no se está en ese camino. 'No debemos usar los incendios como un arma política, sino que debemos sentarnos todos y exigir un raciocinio y comportamiento', defendieron los participantes, abogando por una política forestal que incentive la inversión en el monte. De hecho, aseguraron que en las regiones en las que se realiza, los beneficios se traducen en creación de empleo y riqueza, y que los incendios se minimizan.
Esta nueva política, a juicio de los asistentes, debe basarse también en recuperar la relación entre individuos y territorio, combatiendo el problema de la despoblación en el rural y buscando nuevas fórmulas de gestión que incentiven el cuidado del monte.
Además de esta política a largo plazo, son necesarias otras iniciativas inmediatas. En concreto, los asistentes aludieron a las medidas de extinción de incendios, considerando debe ser una función que permanezca en manos de la Administración autonómica y que no se entregue a empresas. También abogaron por una mejor formación de los brigadistas que combaten los incendios y que tengan empleo estable.
Por parte de la Fiscalía, mientras, se insistió en la necesidad de una mayor colaboración ciudadana para evitar los incendios y detener a los culpables, si es el caso.
La sesión contó con varias intervenciones de los asistentes, quienes coincidieron también en puntualizar que el monte arde porque está abandonado y 'debemos volver a hacer que sea productivo' para que cree riqueza y no lo destruya el fuego.
A juicio de los participantes, el monte gallego fue tradicionalmente una fuente de riqueza, pero el cambio de modelo socioeconómico de las últimas décadas propició el abandono del rural y, consecuentemente, de los montes, de modo que en la actualidad no se considera un medio capaz de generar riqueza.
Las bases de este nuevo modelo se deben asentar con una ley de montes consensuada por toda la sociedad y grupos políticos, y con una visión a largo plazo, según pusieron de manifiesto los ponentes, que también sostuvieron que no se está en ese camino. 'No debemos usar los incendios como un arma política, sino que debemos sentarnos todos y exigir un raciocinio y comportamiento', defendieron los participantes, abogando por una política forestal que incentive la inversión en el monte. De hecho, aseguraron que en las regiones en las que se realiza, los beneficios se traducen en creación de empleo y riqueza, y que los incendios se minimizan.
Esta nueva política, a juicio de los asistentes, debe basarse también en recuperar la relación entre individuos y territorio, combatiendo el problema de la despoblación en el rural y buscando nuevas fórmulas de gestión que incentiven el cuidado del monte.
Además de esta política a largo plazo, son necesarias otras iniciativas inmediatas. En concreto, los asistentes aludieron a las medidas de extinción de incendios, considerando debe ser una función que permanezca en manos de la Administración autonómica y que no se entregue a empresas. También abogaron por una mejor formación de los brigadistas que combaten los incendios y que tengan empleo estable.
Por parte de la Fiscalía, mientras, se insistió en la necesidad de una mayor colaboración ciudadana para evitar los incendios y detener a los culpables, si es el caso.
La sesión contó con varias intervenciones de los asistentes, quienes coincidieron también en puntualizar que el monte arde porque está abandonado y 'debemos volver a hacer que sea productivo' para que cree riqueza y no lo destruya el fuego.
