Desequilibrio en la regla de gasto o demora en el pago a proveedores, causas más habituales
La Consellería de Facenda, órgano encargado de la tutela de la gestión económica de las entidades locales en la Comunidad Autónoma, controló a 40 concellos ourensanos el pasado ejercicio, tal y como recogen los informes elaborados por los técnicos autonómicos, que ya recogen los datos del último cuatrimestre de 2018.
El objetivo de esta vigilancia es supervisar el cumplimiento de normativas estatales como la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que desde su entrada en vigor en 2012 ha "apretado las tuercas" de los ayuntamientos y diputaciones, con el objetivo de reducir el déficit y evitar que la deuda se dispare.
Sin embargo, cuestiones como el exceso en el período medio de pago a proveedores o incumplir la regla de gastos motivan que Facenda intervenga para marcar la línea a seguir.
En esta línea, en el último cuatrimestre de 2018, se ha solicitado la elaboración de planes económicos financieros a Lobeira, Ourense, Pontedeva, Amoeiro, O Irixo, Trives y Verea, los cuatro últimos por segunda vez, según recoge el informe.
Dar traslado de este documento, que busca corregir los desequilibrios en el gasto realizado, es la causa más frecuente de la tutela financiera por parte de la Xunta, que también ha requerido el PEF a Ramirás, A Teixeira, Vilariño de Conso, A Bola, O Bolo, Chandrexa de Queixa, Riós, San Amaro y San Xoán de Río.
La demora en el pago de facturas a los proveedores también es un asunto especialmente tenido en cuenta por Facenda
Ourense y Xinzo fueron los últimos concellos, en el tercer trimestre, en ser requeridos para que enviasen las medidas a adoptar para corregir una tardanza excesiva, escenario que también afectó durante 2018 a Esgos, A Bola, A Gudiña, Porqueira, Riós, Castrelo de Miño, Ribadavia, Allariz, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Piñor, San Amaro, San Xoán de Río y Trives.
Las peticiones de las liquidaciones de 2017, que tuvieron que ser reclamadas a una decena de concellos (Baltar, Os Blancos, Cortegada, Lobios, Lobeira, A Peroxa, Petín, Pontedeva, A Rúa y Verín) entre mayo y agosto o requerimientos para plantear alternativas que permitiesen corregir un remanente de tesorería negativo (a Rairiz de Veiga, Lobeira, Manzaneda y Piñor) completaron las razones que obligaron a la Xunta a poner la lupa sobre el área económica de las entidades ourensanas.
