Óscar Sánchez Ruido, expresidente de la Unión de Comerciantes Ourensanos -Ucosa-, la sociedad que promovió el centro comercial Ponte Vella, así como los vigueses Guillermo Alvarellos Conde y Jesús Parente Martínez serán juzgados los días 18, 19 y 20 en la Audiencia por la emisión de facturas falsas, un escándalo que salió a la luz pública en el verano de hace ahora 10 años.
El asunto arranca de una investigación promovida por la Agencia Tributaria por fraude fiscal durante la construcción del centro comercial.
La fiscal, quien acusará en por los delitos de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de apropiación indebida y dos contra la hacienda pública, considera que el presidente del consejo de administración de Ucosa autorizó 13 pagos con cargo a cuentas bancarias de las que era titular la sociedad mercantil el dinero, facturas expedidas por cinco empresas 'fantasma': Camelot, que tan siquiera llegó a existir jurídicamente, Construcciones Baved , Construgasa, Todoyeso e Ismacar.
El importe total ascendía a 1,7 millones de euros, de los que 228.548 euros son de IVA no declarado, y se correspondían -recoge la fiscal en su escrito de calificación provisional - a operaciones ficticias relativas a trabajos realizados para la construcción del centro comercial referido por tales empresas, las cuales carecían de actividad real'.
Las facturas de Todoyeso fueron emitidas, según la acusación pública, por Guillermo Alvarellos, de acuerdo con los otros acusados, mientras que las de Construgasa y Baved se las atribuye a Jesús Parente.
Los encausados se enfrentan a penas de prisión que van de los ocho años de cárcel para Óscar Sánchez Ruido por falsedad, apropiación indebida y un delito fiscal , además de una pena multa de 11 meses (20 euros al día) y el abono de 1,7 millones de euros y pérdida del derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas, como a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.
La Fiscalía limita la petición de condena para los otros dos acusados a los delitos de falsedad y apropiación indebida, que deja en cinco años para cada uno de ellos, con 11 meses de multa a razón de 20 euros al día.
Los imputados, en virtud de esta petición, deberían, además, indemnizar de forma solidaria a Ucosa con 1,6 millones y Sánchez Ruido a la Hacienda Pública con 600.000 euros.
Los inculpados, por su parte, no reconocen los delitos de los que están acusados. Sánchez Ruido declaró durante la instrucción que no veía las facturas cuando autorizaba los pagos y que no era consciente de lo que firmaba porque se fiaba de sus asesores. Las facturas objeto de controversia las abonó -dijo- por indicación expresa de la empresa contratada para gestionar la construcción del Ponte Vella.
La fiscal, quien acusará en por los delitos de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de apropiación indebida y dos contra la hacienda pública, considera que el presidente del consejo de administración de Ucosa autorizó 13 pagos con cargo a cuentas bancarias de las que era titular la sociedad mercantil el dinero, facturas expedidas por cinco empresas 'fantasma': Camelot, que tan siquiera llegó a existir jurídicamente, Construcciones Baved , Construgasa, Todoyeso e Ismacar.
El importe total ascendía a 1,7 millones de euros, de los que 228.548 euros son de IVA no declarado, y se correspondían -recoge la fiscal en su escrito de calificación provisional - a operaciones ficticias relativas a trabajos realizados para la construcción del centro comercial referido por tales empresas, las cuales carecían de actividad real'.
Las facturas de Todoyeso fueron emitidas, según la acusación pública, por Guillermo Alvarellos, de acuerdo con los otros acusados, mientras que las de Construgasa y Baved se las atribuye a Jesús Parente.
Los encausados se enfrentan a penas de prisión que van de los ocho años de cárcel para Óscar Sánchez Ruido por falsedad, apropiación indebida y un delito fiscal , además de una pena multa de 11 meses (20 euros al día) y el abono de 1,7 millones de euros y pérdida del derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas, como a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.
La Fiscalía limita la petición de condena para los otros dos acusados a los delitos de falsedad y apropiación indebida, que deja en cinco años para cada uno de ellos, con 11 meses de multa a razón de 20 euros al día.
Los imputados, en virtud de esta petición, deberían, además, indemnizar de forma solidaria a Ucosa con 1,6 millones y Sánchez Ruido a la Hacienda Pública con 600.000 euros.
Los inculpados, por su parte, no reconocen los delitos de los que están acusados. Sánchez Ruido declaró durante la instrucción que no veía las facturas cuando autorizaba los pagos y que no era consciente de lo que firmaba porque se fiaba de sus asesores. Las facturas objeto de controversia las abonó -dijo- por indicación expresa de la empresa contratada para gestionar la construcción del Ponte Vella.
