El retraso en la conformación de un gobierno estable a nivel nacional, bajo la amenaza cada vez más notoria de que se puedan volver a celebrar elecciones el 10 de noviembre, mantiene en vilo a casi un tercio de los ourensanos, que ven nubarrones en los prometidos aumentos de sueldo para casi 20.000 funcionarios y la revalorización de las pensiones que perciben más de 93.000 ourensanos.
Son en total 113.000 personas las que dependen directamente de la capacidad del Gobierno central para acometer las subidas previstas, algo que se ve limitado en este momento al estar en funciones.
De este modo, las cuitas de los partidos de izquierda, que parecen prolongar sine die la investidura del socialista Pedro Sánchez, son una barrera que podría afectar, no solo a futuras inversiones en la provincia, sino al poder adquisitivo de sus habitantes.
Las pensiones, en vilo
Ourense se ve particularmente amenazada por este impasse gubernamental –el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez lleva ya 121 días en funciones–, habida cuenta de que sigue siendo la provincia con las pensiones más bajas de todo el país.
Este es el colectivo más importante dentro de la economía provincial, y el actual bloqueo impide la recuperación progresiva que se había empezado a notar ya en 2018, especialmente con la revalorización de las pensiones mínimas, que son las que cobra el 37,2% de los ourensanos pensionistas
El año pasado, y fruto de las protestas extendidas a lo largo del territorio, el Gobierno –con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda y fruto de las presiones de PNV– hacía efectiva la revalorización del 1,6% –y un 3% en las mínimas– en los Presupuestos de 2018, prorrogados por el PSOE en 2019.
Los pensionistas ganarían 25 euros más en 2020; frente al alza de entre 150 y 220 euros de los dos años anteriores
El partido socialista lo subió una décima, al 1,7%–, dejando atrás la etapa de aumento anual del 0,25% introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, en plena crisis, que supuso una tímida mejora tras la congelación que había impuesto José Luis Rodríguez Zapatero en su último año.
Así, de las tímidas subidas interanuales de 1,50 euros al mes que se habían dado desde el estallido de la crisis, en 2018 los pensionistas vieron revalorizada de media en 11 euros al mes su pensión; escalando a 17 euros este año en curso, merced a la prórroga presupuestaria.
Sin embargo, este stand-by gubernamental pone en jaque los aumentos, que corren seria amenaza de volver al temido 0,25%, que volvería a instaurar una leve mejoría de apenas de 1,80 euros mensuales.
Si se confirmase la repetición electoral, y se volviese a enquistar la formación de gobierno, los pensionistas ourensanos podrían percibir en 2019 apenas una subida de 25 euros. Nada que ver con el alza media de 185 euros de 2018, o con el incremento de 200 euros de 2019.
Funcionarios congelados
Otro colectivo que mira de reojo a la formación de gobierno es el de los trabajadores públicos –o funcionarios–, también importante cuantitativamente en el devenir económico de la provincia. Son 18.456 personas –sumando todas las administraciones–, que verán sus sueldos prácticamente congelados.
El acuerdo firmado por Montoro con los sindicatos contemplaba para 2020 un alza de entre un 2,3% y un 3,85% – vinculado al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)–.
El Gobierno central, no obstante, no tiene ahora capacidad de validar este acuerdo, al estar en funciones, por lo que en enero los funcionarios aspirarían a un alza de apenas el 0,25%, en espera de un nuevo decreto ley.
Solución: que haya gobierno en 2020
A falta de 30 días para negociar una investidura, el Gobierno, de momento, no se muestra preocupado por el posible bloqueo a estos dos pilares básicos de una provincia como Ourense –pensionistas y funcionarios–, ya que consideran que son compromisos adquiridos.
Es cierto que aunque no se conforme un gobierno estable hasta bien entrado 2020 se podrán aplicar medidas con carácter retroactivo, por lo que estos dos colectivos podrían recuperar las subidas prometidas posteriormente. Para ello, debería elaborarse las correspondiente medidas legislativas, o incluir estas mejoras en los Presupuestos de 2020.
Eso, o que antes haya un acuerdo que alcance la mayoría absoluta vía proposición de ley por parte de algún partido, algo, a estas alturas, harto improbable.
Por el momento, no hay ninguna medida aprobada y el Gobierno en funciones no tiene potestad para elaborar normas "con rango de ley", por lo que cuenta con las manos atadas para actuar.
