La falta de ordenanza estira la anarquía de las terrazas

El Concello de Ourense sigue siendo incapaz de sacar adelante una ordenanza de terrazas que condena a la eterna anarquía la distribución de las mismas por la ciudad, sin orden ni concierto, sin normas claras, con disputas entre los propios propietarios de los establecimientos y sentencias judiciales que lo cambian todo. Mientras, el Concello ya ha recaudado en los últimos tres meses casi 30.000 euros, al obtener mediante sanciones casi 5.650 euros el pasado junio y 22.000 los meses anteriores, aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana, al carecer de norma propia. El gobierno local ha ordenado retirar a la fuerza otras ocho terrazas de sendos establecimientos entre mayo y junio, que se suman a las 14 que se habían ejecutado en abril y que, sin embargo, están lejos de solucionar la anarquía. El Concello recauda en multas, después requisa los bienes de los bares, los custodia en el Campo da Feira y los devuelve con una mera firma si el propietario los va a buscar en un plazo inferior a un mes. “Algunos bares recurrentes y que exceden en mucho lo que tienen permitido pagan, y aunque les lleven las terrazas un día la recuperan y vuelven a ponerlas, les sale más rentable”, confiesan fuentes conocedoras del procedimiento. Los datos hablan por sí solos del guirigay que hay montado. Aparte de las 22 terrazas que ha ordenado levantar a la fuerza, en estos dos meses ha amenazado a otros 30 establecimientos con lo mismo. La Justicia por el medio El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, prometió a mediados de abril que en un mes estaría aprobada la ordenanza, tras haberla sacado a información pública, sin que nada se sepa. Mientras, en este periodo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense anuló la instrucción que había aprobado en diciembre de 2020 respecto a los veladores, una especie de mini ordenanza exprés que según Jácome solucionaría la anarquía actual y permitía multar. Otra sentencia obligó a finales de mayo a redistribuir todas las terrazas del entorno del parque de San Lázaro, y ahora parte de las terrazas están dentro del propio parque, como pedían los vecinos, que querían espacio en las fachadas de sus edificios. También ha acabado en el juzgado el reparto de los veladores en la plaza de As Mercedes, al reclamar un propietario su derecho a tener al menos las mismas mesas que sus vecinos. Ya en 2021, otro juzgado había obligado al Concello a reordenar la Plaza de San Antonio. Un berenjenal en el que los hosteleros son víctimas de la carencia de una norma actualizada que les diga qué pueden y no pueden hacer, y de la que algunos locales se aprovechan a sabiendas de que no pueden hacerlo, siendo reincidentes. Otros se ven meras víctimas, como señala un hostelero que lleva “máis dun ano e medio esperando porque me autoricen a terraza; mentres, póñoa porque teño o papel de que a pedín, e multáronme igual, pero, se non, vou á ruina se teño e esperar”. En esa eterna espera, el que gana es el Concello, que se lucra mediante multas mientras posterga indefinidamente la ordenanza, cuyo anteproyecto salió a exposición pública en abril. Los grupos hicieron alegaciones sin que nada se sepa. Tal y como explica Rhut Reza, edil del BNG, presente en aquellas reuniones, “teñen que elaborar o proxecto incluíndo ou non as achegas que fixemos e despois ter informes técnicos que a respalden, porque o anteproxecto non tiña ningún informe”. Ley de seguridad ciudadana, la vía para estacionar El Concello carece de ordenanza de veladores, que Jácome prometió antes de 2021, primero, y en 2022, en abril. Para interponer sanciones, son más rápidos, ya que las tramitan como falta leve según el artículo 37.7 de la Ley de Seguridad Ciudadana, en relación con el artículo 84 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La Ley de Seguridad Ciudadana sanciona “la ocupación de la vía pública contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular”. La segunda ley subraya que “nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso”. Mediante ese subterfugio, el Concello sortea la falta de normativa para multar.