3.100 trabajadores ourensanos, pendientes de si los ERTE se prorrogan

Empresas y trabajadores ourensanos comparten una misma preocupación: ¿qué va a ocurrir cuando concluya la protección de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) vinculados a la crisis del coronavirus? El plazo expira el 31 de enero y la prórroga es un clamor ya que gran parte de las empresas no pueden asumir todos los costes de sus plantillas. En la provincia hay 3.181 trabajadores incluidos en un expediente, un millar más que en octubre, debido al cierre de la hostelería. Si los ERTE expiran el 31 de enero, los expedientes temporales pueden ser definitivos. José Antonio Rodríguez Araújo, presidente de los empresarios del polígono de San Cibrao, pide que los ERTE "sigan máis alá do 31 de xaneiro, ata que remate a pandemia porque temos que conservar as empresas e os postos de traballo". No es una opinión aislada. La Confederación Empresarial de Ourense se aferra a unas declaraciones del ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en las que sugería un aplazamiento hasta el verano. En una nota la CEO cree "necesario" prolongar los expedientes "pues se intenta evitar con ello mayores recortes en el empleo". Reconoce la patronal ourensana que "de momento no hay nada publicado oficialmente y es solo una declaración de intenciones, que esperamos que se cumpla". Donde mayor incertidumbre se percibe es en la hostelería. En la CEO aprecian "preocupación e inseguridad sobre cómo proceder para recuperar a todo el personal". Huida hacia adelante David Martínez, presidente de AEPA (Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense) cree que el aplazamiento de los ERTE es "una patada hacia adelante" . Y añade: "Puede ser un retraso hacia una crisis financiera, si no existe un plan de reestructuración económica que aplique una nueva estructura que posicione a la provincia de Ourense, Galicia y España, en una senda de productividad, capaz de reactivar una economía rentable y reactivadora de la circulación monetaria que genere de nuevo un entorno económico sostenible y equilibrado". De lo contrario, opina, el aplazamiento de los ERTE o del reintegro de los préstamos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) "solo hacen incrementar la deuda monetaria en las empresas, pymes y autónomos", dando lugar a una "grave crisis financiera, donde proliferen las mal llamadas empresas zombis que no podrán pagar sus deudas financieras, y serán pasto de procesos concursales". Manuela Seguín, de la junta de gobierno del Colegio de Economistas, aprecia que "el escenario provocado por la pandemia no iba a cambiar ni en seis meses,ni en tiempo prudencial, pero si fue importante la exoneraciones y bonificaciones , según el caso,en las cotizaciones a la Seguridad Social al acogerse las empresas al procedimiento de suspensión de los contratos de trabajo". Ahora cree que "el problema surge a la hora de cumplir con la obligación del mantenimiento de empleo, con la consiguiente penalización de devolver todas las bonificaciones aplicadas en las cotizaciones, si este requisito no se cumple". Seguín dice que "la realidad nos muestra que esta situación de precariedad en la empresa no va a finalizar el 31 de enero del 2021". Por lo tanto, "los ERTE deberían prorrogarse, al menos hasta el mes de marzo o mayo de 2021". Advierte que de lo contrario, "dará lugar a un incremento importante en las solicitudes de Expedientes de Regulación de Empleo y despidos" . En ese supuesto, en el que coinciden los consultados, las cifras del paro también en la provincia podrían crecer de forma exponencial, así como el cierre de empresas. Las dudas se disipan el 31 de enero. Los préstamos ICO, ayudas de ida y vuelta El Gobierno impulsó los créditos ICO para las empresas, pero los plazos corren y hay que devolverlos. La CEO adelanta que sería "positivo" un aplazamiento porque "cualquier medida que pueda ayudar las pymes y autónomos, y que evite su cierre, es una buena noticia". Se muestra más excéptico David Martínez. Sostiene que "las medidas a tomar tienen que ir hacía una meta y objetivos comunes, en caso contrario y como ya adelantan algunos expertos, se puede producir una crisis bancaria e institucional, al no poder hacer frente a los impagos e insolvencias que se pueden generar". Manuela Seguín apunta a la solvencia de las empresas como "condición primera que deben cumplir ( no estén en concurso, no estén en mora....); para poder acceder a estas mejoras en las condiciones de los préstamos ya concedidos y los nuevos que se puedan solicitar". Percibe que la entidad financiera que tramite el préstamo , "tendrá mucho q ue decir a la hora de determinar que empresa considera solvente y cual no".