El fiscal solicitó ayer nueve años de inhabilitación especial para el ex alcalde de Calvos de Radín, Antonio Rodríguez, argumentando que cometió un delito de prevaricación al presuntamente ordenar a una empresa la construcción de los vestuarios de la piscina sin que fueran adjudicados.
Ayer quedó vista para sentencia la vista oral que se sigue contra el ex regidor de Calvos de Randín, Antonio Rodríguez, por un delito de prevaricación al presuntamente ordenar a una empresa la construcción de los vestuarios de la piscina del municipio cuando el proyecto aún estaba en fase de adjudicación por parte de la Diputación.
El fiscal atribuye el delito de prevaricación al ex regidor para el que solicita nueve años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. El ex alcalde negó durante la vista, que comenzó el pasado 15 de octubre, haber ordenado la realización de los trabajos a la empresa Construcciones Suso Fernández porque eran competencia de la Diputación y aseguró que el empresario inició las obras porque le dio la gana.
Los hechos se remontan al verano del 2006 cuando Antonio Rodríguez era alcalde de Calvos de Randín y, según el fiscal, sabedor de que era la Diputación a la que le correspondía la adjudicación de la obra, procedió por su propia voluntad a conceder a la citada empresa autorización verbal para comenzar los trabajos.
Las obras comenzaron en julio y la Diputación finalizó los trámites de contratación a mediados de agosto, con la apertura de plicas. El juicio tras la primera sesión en octubre, en la que declaró el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, que fue el que denunció la presunta irregularidad, continuó ayer con la declaración de dos testigos. El constructor, Suso Fernández, reconoció que había comenzado las obras para no dejar en el paro a cuatro obreros y sólo se enteró de la presunta irregularidad cuando me comunicaron a través del Concello y de la Diputación que tenía que paralizar los trabajos por orden judicial.
En la vista también declararon varios técnicos de la Diputación, que aseguraron que no les constaba que las obras del vestuario estuvieran siendo realizadas, dado que no estaban adjudicadas, y por lo tanto no las podrían paralizar.
El fiscal atribuye el delito de prevaricación al ex regidor para el que solicita nueve años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. El ex alcalde negó durante la vista, que comenzó el pasado 15 de octubre, haber ordenado la realización de los trabajos a la empresa Construcciones Suso Fernández porque eran competencia de la Diputación y aseguró que el empresario inició las obras porque le dio la gana.
Los hechos se remontan al verano del 2006 cuando Antonio Rodríguez era alcalde de Calvos de Randín y, según el fiscal, sabedor de que era la Diputación a la que le correspondía la adjudicación de la obra, procedió por su propia voluntad a conceder a la citada empresa autorización verbal para comenzar los trabajos.
Las obras comenzaron en julio y la Diputación finalizó los trámites de contratación a mediados de agosto, con la apertura de plicas. El juicio tras la primera sesión en octubre, en la que declaró el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, que fue el que denunció la presunta irregularidad, continuó ayer con la declaración de dos testigos. El constructor, Suso Fernández, reconoció que había comenzado las obras para no dejar en el paro a cuatro obreros y sólo se enteró de la presunta irregularidad cuando me comunicaron a través del Concello y de la Diputación que tenía que paralizar los trabajos por orden judicial.
En la vista también declararon varios técnicos de la Diputación, que aseguraron que no les constaba que las obras del vestuario estuvieran siendo realizadas, dado que no estaban adjudicadas, y por lo tanto no las podrían paralizar.
