A la alcaldesa de Melón, Cristina Francisco Vílchez, los asuntos pendientes con la Justicia le pueden causar grandes quebraderos de cabeza. El fiscal acaba de presentar ante la Audiencia, el órgano que la enjuiciará, un duro escrito de acusación en relación a la denuncia interpuesta en su día por el concejal independiente, Emilio Luis Díaz Vidal, quien también ejerce la acusación, con respecto a que certificó trabajos en beneficios de la comunidad a un penado por un delito de tráfico sin que este último los hubiera realizado. El ministerio público reclama para la alcaldesa cuatro años y medio de prisión y multa de 15 meses (24 euros al día) por un delito de falsedad en documento oficial, además de otros 18 meses de multa con la misma cuota por quebrantamiento de condena.
En el mismo proceso penal también están encausados la persona que eludió los trabajos, David Pérez Rodríguez, vecino de Quins, y una auxiliar administrativa del Concello, Mercedes Lorenzo Durán, la encargada de cubrir los partes de asistencia que después firmaba la regidora.
David Pérez había sido condenado a realizar determinados días de trabajos en beneficios de la comunidad por un delito contra la seguridad vial en el año 2011. En virtud del convenio de colaboración entre el Concello de Melón y el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, el joven debía realizar tareas de desbroces durante 11 sábados, entre los meses de junio y agosto de 2011, entre las nueve de la mañana y la dos de la tarde.
El fiscal asegura que el inculpado eludió de forma deliberada el cumplimiento de la pena y no acudió ninguno de esos 11 días al Concello. “Se limitó a firmar un documento denominado registro de presentación a modo de estadillo de control presencial que le fue facilitado por Mercedes Durán”, asegura. Esta última escribió de su puño y letra las fechas de los supuestos controles de los trabajos no realizados y a continuación lo pasó a la firma de la alcaldesa, quien como responsable de la actividad rubricó el registro de presentación. El fiscal sostiene que ambas acusadas eran perfectamente conocedoras que David Pérez "no había cumplido un solo día de trabajos en beneficio de la comunidad". En ese sentido, la mandataria local en su declaración como imputada aseguró desconocer el cumplimiento o no de la pena impuesta.
Pero, aun así, mediante un escrito fechado el 30 de agosto de 2011 comunicó al Servicio de Gestión de Penas y Medidas alternativas que Pérez Rodríguez había concluido los trabajos sociales el 27 de agosto, adjuntando el registro de presentación. Esa resolución hizo que el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense dictase un auto por el que declaraba extinguida la responsabilidad penal del condenado.
El fiscal pide para la funcionaria cuatro años y medio de prisión y multa de 15 meses (12 euros al día) por falsedad y por un delito de quebrantamiento de condena 18 meses de multa (12 euros al día). El único que se queda con un solo delito es David Pérez: 18 meses (seis euros al día) por quebrantamiento de condena.
