A tres años de cárcel se enfrentan los padres del niño con problemas de salud por su obesidad si prospera la petición del Ministerio Fiscal. La Acusación Pública también reclama la retirada de la patria potestad durante cuatro años.
El Ministerio Fiscal reclama una pena de tres años de cárcel para Luis Montoya Salazar y Margarita Montoya Gabarres, los padres del niño cuya tutela fue asumida por la Xunta en relación a sus problemas de salud y que ayer comenzó a disfrutar su primer fin de semana en su residencia familiar.
El escrito de calificación incorporado al procedimiento penal acusa a ambos progenitores de los tres delitos por los que los procesó el juez instructor: sustracción de menores, desobediencia y abandono de familia, todos ellos en relación a la desaparición de M. durante mes y medio para evitar su ingreso en el centro de protección de A Carballeira.
El fiscal reclama la mayor pena por el delito de sustracción de menores, ya que no sólo pide dos años de cárcel para cada uno de los padres sino también cuatro años de privación de la patria potestad. Este delito hace alusión a la decisión de los padres de mantener a su hijo en paradero desconocido cuando la tutela del pequeño había sido asumida por la Xunta mediante resolución firme del 23 de septiembre de 2009 (un año antes la Xunta comenzó a tomar cartas en el asunto). Asimismo, la Acusación Pública reclama nueve meses de privación de libertad por desobediencia a los requerimientos de la Administración, refrendados judicialmente, y cuatro meses más por abandono de familia, en relación al absentismo escolar durante el primer trimestre de este año y durante el pasado curso académico.
A partir de ahora, el juez instructor dará traslado del escrito de acusación del Ministerio Fiscal al representante legal de los padres para que planteen su escrito de defensa y así poder fijar el acto de apertura de juicio oral (será visto en alguno de los dos juzgados de lo Penal).
Y mientras este frente judicial entra en pista, los padres también pretende abrir un nuevo proceso, pero esta vez dirigido contra el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez. Salazar y Montoya denunciaron ante el fiscal de Menores lo que ellos consideran múltiples y despreciables manifestaciones sobre su hijo que, según añaden, atentan contra su imagen e integridad llamándole niño gordo y diciendo que ha permanecido más de 48 veces en la UCI.
En el escrito, que ya está en posesión del fiscal jefe, se recoge que las manifestaciones del representante de la Xunta en Ourense suponen una flagrante vulneración de los derechos relacionados con la confidencialidad e información del paciente así como la violación de principios rectores de la infancia (honor e intimidad).
Un problema de salud Por su parte, Rogelio Martínez explicó a este diario que con la revelación de las veces que el niño estuvo ingresado en la UCI sólo trataba de poner de manifiesto que la Administración sabía lo qué hacía ya que estábamos ante un problema muy grave de salud y la opinión pública debía saberlo a raíz de todas las manifestaciones realizadas por los padres dando a entender que se le había retirado la custodia porque el niño estaba gordo.
Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado, no quiso realizar ningún comentario sobre este particular, cuya tramitación asumirá él mismo.
Los cinco representantes de la Asociación romaní de Andalucía se reunieron ayer con el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, para que reconsidere la negativa de la Consellería de Benestar a que el niño pueda ser acogido con sus abuelos paternos, una posibilidad rechazada a raíz de un informe emitido por el equipo técnico, en el que se desaconseja dicha opción al no estimarla efectiva para la evolución socio-sanitario de M.
El presidente regional, Vicente Rodríguez, aseguró, tras casi tres horas de reunión, sentirse muy defraudado porque Martínez habló de esforzarse porque esta situación se normalice lo antes posibles pero lo dejó todo en el aire. Aún así, aseguró que nosotros, como federación, le daremos un voto de confianza. El informe técnico centró buena parte del debate. Los gitanos allí presentes dijeron que no está justificado hablar de absentismo escolar o problemas de salud cuando todos sabemos por qué faltó al colegio, pero el niño ahora está normalizado y perdió casi 14 kilos.
Asimismo, el abuelo del pequeño mantuvo en la mañana una entrevista con la socialista Laura Seara, portavoz de Igualdade e Servizos Sociais de su partido a nivel autonómico, para pedir su intercesión a nivel político.
El escrito de calificación incorporado al procedimiento penal acusa a ambos progenitores de los tres delitos por los que los procesó el juez instructor: sustracción de menores, desobediencia y abandono de familia, todos ellos en relación a la desaparición de M. durante mes y medio para evitar su ingreso en el centro de protección de A Carballeira.
El fiscal reclama la mayor pena por el delito de sustracción de menores, ya que no sólo pide dos años de cárcel para cada uno de los padres sino también cuatro años de privación de la patria potestad. Este delito hace alusión a la decisión de los padres de mantener a su hijo en paradero desconocido cuando la tutela del pequeño había sido asumida por la Xunta mediante resolución firme del 23 de septiembre de 2009 (un año antes la Xunta comenzó a tomar cartas en el asunto). Asimismo, la Acusación Pública reclama nueve meses de privación de libertad por desobediencia a los requerimientos de la Administración, refrendados judicialmente, y cuatro meses más por abandono de familia, en relación al absentismo escolar durante el primer trimestre de este año y durante el pasado curso académico.
A partir de ahora, el juez instructor dará traslado del escrito de acusación del Ministerio Fiscal al representante legal de los padres para que planteen su escrito de defensa y así poder fijar el acto de apertura de juicio oral (será visto en alguno de los dos juzgados de lo Penal).
Y mientras este frente judicial entra en pista, los padres también pretende abrir un nuevo proceso, pero esta vez dirigido contra el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez. Salazar y Montoya denunciaron ante el fiscal de Menores lo que ellos consideran múltiples y despreciables manifestaciones sobre su hijo que, según añaden, atentan contra su imagen e integridad llamándole niño gordo y diciendo que ha permanecido más de 48 veces en la UCI.
En el escrito, que ya está en posesión del fiscal jefe, se recoge que las manifestaciones del representante de la Xunta en Ourense suponen una flagrante vulneración de los derechos relacionados con la confidencialidad e información del paciente así como la violación de principios rectores de la infancia (honor e intimidad).
Un problema de salud Por su parte, Rogelio Martínez explicó a este diario que con la revelación de las veces que el niño estuvo ingresado en la UCI sólo trataba de poner de manifiesto que la Administración sabía lo qué hacía ya que estábamos ante un problema muy grave de salud y la opinión pública debía saberlo a raíz de todas las manifestaciones realizadas por los padres dando a entender que se le había retirado la custodia porque el niño estaba gordo.
Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado, no quiso realizar ningún comentario sobre este particular, cuya tramitación asumirá él mismo.
Los cinco representantes de la Asociación romaní de Andalucía se reunieron ayer con el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, para que reconsidere la negativa de la Consellería de Benestar a que el niño pueda ser acogido con sus abuelos paternos, una posibilidad rechazada a raíz de un informe emitido por el equipo técnico, en el que se desaconseja dicha opción al no estimarla efectiva para la evolución socio-sanitario de M.
El presidente regional, Vicente Rodríguez, aseguró, tras casi tres horas de reunión, sentirse muy defraudado porque Martínez habló de esforzarse porque esta situación se normalice lo antes posibles pero lo dejó todo en el aire. Aún así, aseguró que nosotros, como federación, le daremos un voto de confianza. El informe técnico centró buena parte del debate. Los gitanos allí presentes dijeron que no está justificado hablar de absentismo escolar o problemas de salud cuando todos sabemos por qué faltó al colegio, pero el niño ahora está normalizado y perdió casi 14 kilos.
Asimismo, el abuelo del pequeño mantuvo en la mañana una entrevista con la socialista Laura Seara, portavoz de Igualdade e Servizos Sociais de su partido a nivel autonómico, para pedir su intercesión a nivel político.
