La Fiscalía denuncia al exasesor de Jácome por la acusación de pedofilia

Xosé Antón Dorrío, el exasesor del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que acusó falsamente de pedofilia a trabajadores del Concello, se enfrenta ahora a un delito de injurias después de que el Ministerio Público haya decidido interponer una querella ante el Juzgado de Instrucción Decano de Ourense, según se recoge en el decreto firmado por la fiscala jefa, Eva Regueiro. Esta decisión se produce después de la investigación llevada a cabo una vez que se archivaron en marzo las diligencias de investigación abiertas días después de que en noviembre acusase (cuando todavía formaba parte del gabinete de Jácome) a través de su perfil en la red social Twitter a trabajadores del Concello de Ourense de manipular contenidos pederastas a través de los canales internos de la institución. “Pois para caprichitos os caprichos pederastas dalgúns traballadores do Concello, conmino a Policía e Guardia Civil que busque contidos pederastas en contas oficiais do Concello, que seguro que os atopa”, escribía Dorrío en noviembre en un tuit. Ante esas manifestaciones, primero el sindicato y CSIF y, días más tarde, la junta de personal del Concello en bloque daban traslado a la Fiscalía de las acusaciones de pedofilia para que, por un lado, se investigase su veracidad y, por otro, si nada de eso se podía acreditar, saber si el entonces asesor de Jácome incurría en un posible delito de injurias o calumnias. Mensajes de Dorrío en los que acusaba de pedofilia a personal municipal. Después de que el Grupo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional llevase a cabo las investigaciones y, a mediados de febrero, informase a la Fiscalía de que no había encontrado indicios de distribución de material pornográfico, se abría la posibilidad de investigar a Dorrío por esa acusación falsa, lo que ha terminado en la querella de la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción. Esa acusación de pedofilia del exasesor del alcalde ourensano ”no se sustentaba en elementos suficientes mínimos para entender cometido un delito de distribución de pornografía infantil, al no tener acreditada la pornografía ni la distribución de la misma”, recogía el documento con el que se archivaba el procedimiento.