TRIBUNALES | OURENSE

La Fiscalía mantiene las penas de cárcel para diez acusados por tráfico de drogas en Verín

Ourense. 3-10-2016. Macro juicio drogas en la Auidencia. Paz

El Ministerio Público propuso una rebaja de la condena para uno de los acusados por atenuantes

El juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ourense contra diez acusados de tráfico de drogas en 2010 ha quedado visto para sentencia después de que la sala procediese a la reproducción de las intervenciones telefónicas y la lectura de las conclusiones.

Después de tres días de juicio, el Ministerio Público ha ratificado su petición de penas de prisión para los diez acusados en esta causa, si bien ha propuesto una rebaja de la condena para uno de los acusados por atenuantes.

En concreto, la fiscal acusa a los diez acusados, varios de ellos pertenecientes a una misma familia, de formar parte de un entramado dedicado al transporte, venta y distribución de cocaína en Verín en el año 2010.

En sus conclusiones, ha considerado acreditado que existió el delito de tráfico de sustancias estupefacientes con la agravante de que algunos de los acusados ya estuvieron encausados por estos mismos hechos en causas anteriores.

Para ello, sostiene que un vecino de Pontevedra, JA.D.G, que actuaba como cabeza de esta trama, se dedicaba al tráfico de estupefacientes "a mediana" o "gran escala" con ayuda de colaboradores.

Dentro de esta trama, cuatro imputados, C.D.S y su pareja V.A.D, y los hijos de la primera J.M.D y V.M.D, se encargarían de vender las sustancias conseguidas por MA.G.M, quien actuaría de "nexo común" y con el que colaboraban los también acusados AJ.G, JL.B y J.A.V.

La acusación, en base al atestado policial, sostiene que JA.D. vendió un kilogramo de cocaína, valorada en 190.834 euros, de gran pureza (87,3%) a Á.L, una operación en la que medió J.A.

Por su parte, la defensa de varios acusados ha solicitado la nulidad de las actuaciones al entender que se "vulneró" la normativa.

"El procedimiento se inició a raíz de unas escuchas telefónicas lo que vulnera el derecho constitucional -de los acusados- ya que no pueden ser previas las escuchas a la investigación", ha argumentado.

Entiende que no ha quedado acreditada su culpabilidad más allá de "unos contactos y que los vieron en una ocasión pero nada más" y ha recordado que unas "meras sospechas" no son suficientes para incriminar a alguien.

En todo caso, ha pedido que se considere como circunstancia atenuante las dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido desde las escuchas hasta su conclusión.

Difiriendo en su versión, el abogado de otro de los acusados, quien había confesado su culpabilidad, ha pedido una pena máxima de "seis años" para el acusado en base a las atenuantes de "colaboración con la justicia, su estado de necesidad y dilaciones indebidas".

Señala, para ello, que el acusado en todo momento confesó que la droga era suya y atribuyó su "mala decisión" a la complicada situación familiar, derivada de la situación de toxicomanía de su hijo y falta de dinero.

Los diez acusados se enfrentan a penas que suman 57 años de cárcel por delitos contra la salud pública en la modalidad de "sustancias que causan grave daño contra la salud".

Para todos ellos reclama penas de prisión que suman un total de 57 años de cárcel, con penas que se mueven entre los ocho y los cuatro años y medio a cada uno.

Además, a uno de los hombres se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas.

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