Ve el uso de "medidas de presión sin amparo legal", como el corte del ascensor, contra dos inquilinos
Vivía casi sin poder salir de su casa hasta el pasado mes de julio, pero ahora reside directamente en un hotel. "Me quieren haciendo la vida imposible", sostiene Lucila Vázquez, hija política del fallecido arquitecto ourensano Daniel Vázquez-Gulías, de 92 años, y afectada por una especie de desalojo "a la fuerza" de su vivienda del que la Fiscalía acusa a dos altos cargos de la Xunta, propietaria del inmueble.
El fiscal jefe, Florentino Delgado, interpuso una querella contra la secretaria general técnica y de Patrimonio de la Consellería de Facenda, Mª del Perpetuo Socorro M.H. y el subdirector de Patrimonio, Pablo Jacobo M.P., considerando que habría "delito de coacciones inmobiliarias", con interés en "forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios" quitando servicios básicos.
La Fiscalía los acusa de "presionar e intimidar" a los inquilinos del edificio, situado en el número 1 de la avenida de La Habana, sin amparo legal, "más allá de la propia voluntad de los querellados". Señala el escrito que se "extralimitaron" en sus obligaciones para logran el fin último: que ambos dejasen la vivienda.
"Medidas de presión"
Lucila Vázquez permanece desde el pasado mes de julio residiendo en un establecimiento hotelero de la ciudad, debido al no funcionamiento del ascensor, que hizo insostenible vivir allí tras fracturarse la cadera. La Fiscalía vincula la ausencia de este servicio a "no realizar el mantenimiento" como "medida de presión".
El fiscal describe el estado del inmueble como "lamentable e insalubre al haberse suprimido el servicio de limpieza y el mantenimiento del edificio, y no contando con servicio de ascensor ni portero automático".
El fiscal entiende que la decisión de ambos era "dejar expedito el inmueble", debido a que los residentes pagan renta antigua "y los gastos de mantenimiento son superiores".
Intentaron primeramente el desalojo por vía judicial en 2014, rechazado por la Justicia, lo que provocaría que los dos querellados emplearan después "medidas de compulsión irregulares y no amparadas en derecho".
La Fiscalía pide que los dos cargos de Facenda sean imputados "con la mayor urgencia posible" y una responsabilidad civil con una garantía de 25.000 euros por los gastos pasados y futuros ocasionados a la mujer de avanzada edad.
La Xunta niega en "rotundo" que haya coacciones
La Xunta de Galicia niega "de xeito rotundo" la "coacción inmobiliaria". La Administración, propietaria del inmueble desde 2001, señala que intentó llegar a acuerdos amistosos "en reiteradas ocasións" y recuerda que hay servicio de limpieza y que la reparación del ascensor "foi contratada en maio", pero se retrasó por su "complexidade". Se arreglará "nos vindeiros días".
