El plan antitabaco del Ministerio de Sanidad supone la reactivación de la máquina legislativa para combatir el tabaquismo. La última ley antitabaco se aprobó en 2010. Entonces, los establecimientos hosteleros tenían mamparas que separaban las zonas de no fumadores de las que consumían tabaco. Aquella legislación -que también sembró polémica- prohibió este hábito nocivo en interiores, y desde aquel momento el contingente de fumadores se redujo en casi 14.500 personas, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
En 2010, más de 56.500 ourensanos fumaban de manera habitual. Es decir, el equivalente aproximado a la mitad de la población de la ciudad. Además de este colectivo que recurría al cigarro cotidianamente, existían otros 8.100 que consumían tabaco de manera habitual. Aunque el descenso no se puede achacar solo a la entrada en vigor de aquella ley, los fumadores habituales cayeron a unos 49.800 solo cinco años después, alrededor de 6.700 menos. El consumo furtivo se cortó por la mitad y apenas superaba los 4.000.
El panorama actual es bien distinto, ya que los ourensanos que padecen la adicción son 44.329. Aparte, quienes fuman de vez en cuando son 5.865. En resumen: 50.194 personas aspiran humo de forma directa, según la AECC. Son muchos menos que antes de aquella polémica ley. En concreto, 14.487 menos.
El perfil del fumador también ha cambiado. Los jóvenes se interesan menos por el tabaco: los fumadores menores de 25 años son, hoy por hoy, la mitad de los que había en 2010. El problema de la adicción acompaña la trayectoria vital de una persona: si entonces los grupos mayoritarios eran las personas entre 25 y 54 años, ahora, 13 años después, son los comprendidos entre 35 y 64 años.
Estos datos salen a colación después de que el Ministerio de Sanidad haya aprobado el nuevo plan antitabaco. Eso sí, con el rechazo de la mayor parte de las comunidades autónomas: solo recibió el apoyo de Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias. La Xunta se compromete con la disminución del tabaquismo, pero pide consenso.
Este plan contempla medidas como la prohibición del humo en “ambientes comunitarios y sociales al aire libre”. Bajo la sombrilla de esta ambigua definición podrían quedar, por ejemplo, las terrazas de bares y restaurantes, uno de los puntos más polémicos, aunque también se plantea subir impuestos y aumentar el apoyo sanitario para abandonar el hábito.
