El Gobierno central impugnará en la vía contencioso-administrativa cuatro decretos por los que el Concello de Ourense contrató temporalmente a ocho personas durante el año pasado -cuatro conserjes, tres operarios de cementerios y un topógrafo-.
Así lo ordenó la Delegación del Gobierno en Galicia a la Abogacía del Estado en Ourense, en base a un informe realizado por esta última, que considera que son impugnables 'no sólo por infracción del ordenamiento jurídico (al chocar con el decreto estatal que limita las contrataciones en las administraciones públicas) sino también en aplicación de la doctrina de desviación de poder'.
Además de estas ocho contrataciones, la Abogacía del Estado está analizando otras 26 realizadas por el Concello y que fueron en su día trasladadas a la Subdelegación del Gobierno por el grupo municipal del PP, que ayer informó de esta situación. Según aseguró ayer el portavoz, Rosendo Fernández, los populares también han solicitado un informe de la Intervención municipal sobre si existen reparos a las contrataciones' y, en ese caso, el grupo 'emprenderá accións xudiciais', ya que 'nos parece que estos casos poden ser unha presunta prevaricación continuada'.
El PP reclamó también al alcalde el cese de la concejala de Personal, Carmen Rodríguez, quien precisamente salió ayer el paso de las declaraciones populares. Así, la edil sostenía que las contrataciones realizadas 'son completamente legais e permitiron garantir a prestación de servizos esenciais ós cidadáns'. Rodríguez añadió que, en caso de que se confirmen los procesos judiciales, 'o Concello aproveitará para defender o carácter esencial de actividades tales como a apertura de colexios e instalacións municipais (conserjes), as tarefas inaplazables de urbanismo e o funcionamento do servizo de bombeiros'.
Así, la concejala reconoce que en 2012 fueron contratadas de forma temporal 28 personas pero sostiene que se ajustan a la legalidad por atender a servicios básicos, la excepción que recoge el decreto del Gobierno.
Además de estas ocho contrataciones, la Abogacía del Estado está analizando otras 26 realizadas por el Concello y que fueron en su día trasladadas a la Subdelegación del Gobierno por el grupo municipal del PP, que ayer informó de esta situación. Según aseguró ayer el portavoz, Rosendo Fernández, los populares también han solicitado un informe de la Intervención municipal sobre si existen reparos a las contrataciones' y, en ese caso, el grupo 'emprenderá accións xudiciais', ya que 'nos parece que estos casos poden ser unha presunta prevaricación continuada'.
El PP reclamó también al alcalde el cese de la concejala de Personal, Carmen Rodríguez, quien precisamente salió ayer el paso de las declaraciones populares. Así, la edil sostenía que las contrataciones realizadas 'son completamente legais e permitiron garantir a prestación de servizos esenciais ós cidadáns'. Rodríguez añadió que, en caso de que se confirmen los procesos judiciales, 'o Concello aproveitará para defender o carácter esencial de actividades tales como a apertura de colexios e instalacións municipais (conserjes), as tarefas inaplazables de urbanismo e o funcionamento do servizo de bombeiros'.
Así, la concejala reconoce que en 2012 fueron contratadas de forma temporal 28 personas pero sostiene que se ajustan a la legalidad por atender a servicios básicos, la excepción que recoge el decreto del Gobierno.
