El Ministerio de Justicia recibió el pasado año 64 peticiones de indulto desde Ourense, de las que 60 lo fueron en relación con penas impuestas, o ejecutadas, por los juzgados de lo Penal, y las restantes por la Audiencia provincial. El indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia. El pasado año, sólo se atendieron favorablemente tres solicitudes.
Una de ellas, la de J.A.L.R., condenado por el Juzgado de lo Penal 2 en 2001, como autor de un delito contra la salud pública, a la pena de un año de prisión. Ésta le fue conmutada por 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad. M.S.C., condenado por el Juzgado de lo Penal 1, en 2004, como autor de un delito de tenencia de armas, a la pena de 10 meses de prisión, vio como se le conmutaba por una multa a condición de no cometer delito doloso en el plazo de cuatro años. Por último, J.F.P., sentenciado por la Audiencia en 2007 como cómplice de un delito contra la salud pública a la pena de dos años y tres meses de prisión, se benefició del indulto de Justicia, que le impuso una pena dos años de prisión no privativa de libertad.
Las condiciones para obtener el indulto son que no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos y que haya sido oída la parte ofendida. Toda solicitud, dirigida al Ministerio de Justicia, ha de contar con sendos informes del tribunal que impuso la condena y del fiscal. El indulto puede ser solicitado por el penado, el juzgado sentenciador, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el juez de vigilancia penitenciaria y el Gobierno.
Las condiciones para obtener el indulto son que no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos y que haya sido oída la parte ofendida. Toda solicitud, dirigida al Ministerio de Justicia, ha de contar con sendos informes del tribunal que impuso la condena y del fiscal. El indulto puede ser solicitado por el penado, el juzgado sentenciador, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el juez de vigilancia penitenciaria y el Gobierno.
