La sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021 estimó inconstitucionales diversos elementos del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que declaraba el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus que se vivía en España. A partir de este momento, se inició un complejo proceso de archivo y revocación de expedientes por sanciones de este tipo que se pusieron a los ciudadanos en este período de excepción.
Un largo procedimiento que obligaba al Gobierno a devolver los importes impuestos, vía multa por saltarse las normas de contención de la circulación en aquel momento. La Subdelegación del Gobierno, en la presentación de su Memoria 2022, destacó el refuerzo administrativo de recursos que esta decisión obligó a adoptar, debido a la expectativa de los ciudadanos de recuperar su dinero y al volumen de consultas personales y telefónicas recibidas.
Complicado proceso de notificación
Tal como informó el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, durante el año 2022 se finalizó la publicación de resoluciones en el BOE anunciando
detalladamente la revocación de las sanciones que no fueron objeto de pago.
Asimismo, se procedió a devolver las multas ya pagadas. En concreto, a final del año 2022 se habían revocado 1.455 expedientes y se había realizado la devolución de 666 multas. Según la estimación de la subdelegación del Gobierno, está pendiente todavía un 10% de los casos de ciudadanos multados con derecho a cobro.
