La Audiencia confirmó la fianza de 200.000 euros para los dos hermanos y así poder indemnizar a la viuda de Verfondern
El Juzgado mixto 2 de O Barco afronta los últimos trámites de la instrucción en torno al crimen que le costó la vida al holandés Martin Albert Verfondern hará seis años el 19 de enero de 2010. Desde que a finales de noviembre de 201 la Guardia Civil detuviera a los presuntos autores, los hermanos Juan Carlos (49 años) y Julio Rodríguez González (52), ambos siguen imputados por homicidio/asesinato pese a los muchos intentos de este último de zafarse de las diligencias previas en calidad de encubridor (no tendría responsabilidad penal debido al parentesco con el autor confeso, su hermano). Hace valer, además, el argumento de que sólo su hermano está en prisión provisional.
Pero frente a su pertinaz insistencia, el fiscal Miguel Ruíz se mantiene firme. En su último informe, de 9 de octubre de 2015, volvía a ratificar su postura: "Nuevamente parece que por la defensa se trata de imponer una tipificación de los hechos al ministerio fiscal, pero, como ya se ha señalado en informes anteriores, el hecho de que no se haya acordado una prisión provisional no significa que no se vaya a realizar una acusación por un delito de homicidio/asesinato", añadiendo que Julio Rodríguez "está imputado por haber participado en la muerte de una persona y no por otros hechos".
Este último declaró que sólo ayudó a esconder el cadáver de Verfondern y el vehículo que conducía en una pista forestal a unos 12 kilómetros del pueblo cuando se enteró de que su hermano disparó al holandés porque conducía "como un tolo", tal como aseguró el autor material.
A tenor de ese argumento saldría indemne porque el artículo 454 del Código Penal dice que "están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados".
Pero la acusación pública no lo tiene tan claro. Asegura que "se está tratando dar condición de fe notarial la a declaración del imputado para así acoger una tesis que evidentemente le beneficiaría, pero este ministerio fiscal entiende que, por el momento, siguen existiendo importantes elementos que aclarar en su participación". Todo ello para argumentar la conveniencia de mantener la medida cautelar de prohibirle acercarse al pueblo de Santoalla y pastorear las más de 150 cabezas de ganado que tiene en el pueblo de sus padres (su madre ya falleció).
El ministerio público basa su decisión en "la especial protección que tienen las víctimas tras las recientes reformas legislativas", en tanto que la viuda del fallecido aún reside en la pequeña aldea petinesa. Pero Julio R.G. insiste y ha vuelto a recurrir.
La tesis del fiscal de mantener a los dos hermanos imputados ha sido respaldada por la Audiencia provincial. De hecho, acaba de dar la razón la jueza instructora a la hora de fijar la pieza de responsabilidad civil: 200.000 euros para ambos hermanos, dinero tendente a garantizar una indemnización a la viuda en caso de condena (responsabilidad civil para reparar el daño moral causado con el delito).
