El juez instructor optó por incluir en el procedimiento a un técnico, además de a los políticos
La instrucción del caso de las asistencias técnicas del Concello se acerca a su fin tras el auto dictado este martes por el juez Leonardo Álvarez en el que opta por incluir en el procedimiento abreviado por un delito continuado de prevaricación al técnico José Manuel Oliver Rivera, quien ya había declarado como imputado a mediados del mes de junio por ser el jefe del servicio de Urbanismo, área donde se realizaron parte de las cuestionadas contrataciones bajo la modalidad de asistencias técnicas.
La denuncia por las asistencias externas del Concello, interpuesta a finales de 2013 por la CIG con el respaldo de USO, contra el gobierno del bipartito PSOE-BNG se cierra finalmente con siete imputados, aunque en el caso de Oliver aún puede recurrir ante la Audiencia. Además del técnico, ya es firme la imputación de la exconcejala de Urbanismo Aurea Soto; el exalcalde Francisco Rodríguez, ambos del PSOE, así como los exediles del BNG Fernando Varela, Xosé Somoza y Iolanda Pérez además de Xosé Carballido, quien fue director xeral en el Concello durante el mandato del bipartito.
En este último auto, el magistrado acuerda dar traslado a la fiscal y acusación particular para que formulen escrito de acusación y la consiguiente apertura de juicio oral o bien soliciten el sobreseimiento (algo improbable).
En juez entiende que el técnico municipal pudo incurrir en un delito de prevaricación por omisión "al respaldar de forma continuada el proceder de los responsables de las áreas en las que se desarrollaban los servicios prestados bajo la fórmula de las asistencia técnicas al no emitir ningún informe que pusiese de manifiesto la ilegalidad de dichas fórmulas contractuales". Y ello, tal como él mismo declaró, pese a conocer los reparos planteados por el interventor del Concello a las facturas que mes a mes presentaron los trabajadores contratados entre 2008 y 2013.
Entiende el magistrado que Oliver Rivera "omitió gravemente las obligaciones inherentes a su cargo, dando amparo táctico a las ilícitas contrataciones que se hacía en el Ayuntamiento". En su declaración, justificó su actuación en que no se le había pedido un informe escrito al respecto. Sin embargo, reconoció que su función consistía en emitir informes sobre expedientes administrativos y sobre el funcionamiento del servicio.
Para el togado su declaración resulta poco creíble cuando "pretende hacer creer que actuó con absoluta diligencia al advertir a los responsables de las áreas afectadas de la irregularidad de las cinco contrataciones investigadas, pero siempre de palabra (citó en concreto a Soto, Iolanda Pérez, Xosé Somoza, Xosé Carballido y Fernando Varela). "Lo normal hubiera sido emitir un informe jurídico por escrito desde el primer momento en que el interventor advirtió de la ilegalidad", recoge el auto.
El juez Leonardo Álvarez, en un primer momento, optó por sólo procesar a Soto y al exregidor, pero después aceptó parcialmente el recurso de reforma interpuesto por la fiscal e imputó a los cuatro políticos del BNG, además de acordar citar como imputado a José Manuel Oliver. Todos ellos recurrieron la imputación pero la Audiencia confirmó el auto del instructor al entender que las diligencias de investigación permiten conformar indiciariamente el delito imputado desde un punto objetivo sin perjuicio de que en el juicio se les pudiera absolver por falta de dolo (intención).
