Toda una vida trabajando para dejar el empleo para cuidar de sus padres enfermos. Eso es lo que le ocurrió a José Manuel Vázquez que, tras agotar el paro, pasó a recibir una prestación de ayuda familiar. Ahora, en estos tiempos de crisis ha solicitado el ingreso mínimo vital, que se le ha concedido el pasado mes de octubre con carácter retroactivo al 1 de julio siendo uno de los 1.026 hogares ourensanos beneficiarios. "Toda la vida estuve trabajando de camionero y tuve que dejarlo todo para atender a mis padres durante cuatro años", recuerda.
Agotó el paro que mensualmente le pasaba 500 euros y tiró de sus ahorros. "Luego me dieron una de 400 con los que llego a final de mes haciendo virguerías", afirma. Por ello recurrió al ingreso mínimo vital que el Gobierno sacó adelante tras el inicio de la pandemia y ayudar a las familias con más dificultades económicas. En su caso, la unidad familiar está compuesta por José Manuel y su mujer, por lo que la teoría recoge que debería percibir prestaciones por valor de 600 euros. "Yo no pedía cobrar esa cifra solo, entiendo que con otra de 400 lo lógico serían 200 euros y así no estar tan desesperado", cuenta.
Tras meses de idas y venidas, tramitando la documentación "que es una odisea", con largas esperas entre cada una de la citas en la oficina de la Seguridad Social, la resolución se notificó. "Primero me avisaron que me lo concedían, luego me indicaron la cantidad y son 41,61 euros. Creo que a una familia no se le puede ayudar con dicha cantidad", lamenta. Su mujer, que llegó del extranjero, se encuentra sin trabajo y no cuenta con la cotización necesaria para recibir una ayuda: "Vivimos de los 400 euros que cobro desde hace tiempo", señala José Antonio.
Posibilidad de reclamación
Desde la Seguridad Social confirman la cuantía de 600 euros para unidad familiar de dos personas sin menores a cargo ni beneficiarios de otras prestaciones, aunque también reconocen que el importe de 41,61 euros es posible. "En principio es la cifra a la que tiene derecho, pero existe la posibilidad de reclamación para que se revise el expediente si no está de acuerdo", indica Rocío de Frutos, directora de la Seguridad Social en Ourense.
La directora destaca que es una prestación "muy compleja", en la que se miran "al milímetro" los expedientes, cada uno con sus peculiaridades. Para determinar la cantidad tienen en cuenta los ingresos del 2019 en la unidad de convivencia y las cuantías designadas en el decreto ley para proceder a la concesión de la prestación que se halla en la diferencia. "Tiene derecho a una reclamación y lo revisaríamos porque puede que hubiese un error o no, aunque en esta prestación es muy difícil por la información que nos facilita Hacienda", comenta Carmelo Alegre, subdirector de Información y Subsidios.
