La asociación Adeido cuestiona también su viabilidad y rentabilidad

Los inmobiliarios creen 'competencia desleal' la empresa del Concello

La Asociación de Empresarios Inmobiliarios de Ourense considera 'una competencia injusta' la creación de la empresa pública que promueve el Concello, por lo que pide que no se ponga en marcha o, al menos, se aplace hasta un momento de mejor situación económica. Así lo indica el presidente de la entidad, Benito Iglesias, en relación con la polémica generada después de que presentasen una alegación en contra de esta sociedad a los presupuestos municipales, lo que el alcalde calificó de 'sospechoso' porque llegó 'a última hora' y no se presentó en el registro del Concello.
Iglesias expresa el 'profundo respeto' de la asociación al Gobierno local, pero 'queremos dejar claro que nuestra postura es de total oposición' a dicha empresa. Así, justifica que la alegación se planteó a los presupuestos porque en ellos se incluye la partida para constituir la empresa pública, y que la presentaron en el Edificio Administrativo de la Xunta porque es allí donde registran los documentos oficiales de la asociación.

Con respecto a la fecha de presentación, indican que lo hicieron tras analizar la nueva Lei de Vivenda de Galicia, publicada en julio, y que muestra que la empresa municipal 'no tiene sentido', pues sus funciones ya están asumidas por el Insituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y, por tanto, sus objetivos 'colisionan' y la entidad promovida por el Concello quedaría 'sin contenido'.

Los miembros de la asociación cuestionan, asimismo, la viabilidad y rentabilidad de una sociedad pública de vivienda porque la tendencia actual en todas las administraciones es la de eliminar este tipo de organismos. 'Las empresas públicas de vivienda que se han creado en ámbitos provinciales están en liquidación o camino de ello', alega Iglesias, por lo que 'cuestionamos la viabilidad y rentabilidad' de la proyectada por el Concello ourensano.

Además, la puesta en marcha de esta empresa pública supondría un perjuicio para los negocios existentes en el sector y ocasionaría la pérdida de empleos. Desde Adeido, sostienen que 'por cada puesto de trabajo público que se cree en dicha empresa se destruirán 50 empleos en el sector privado'.

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