Este caso fue denunciado en 2014 por la ex concejala socialista Áurea Soto y hasta la fecha declararon como investigadas tres personas.
La titular de Instrucción 3, Eva Armesto, acordó dar marcha atrás en la instrucción del caso del llamado 10 por ciento -correspondiente al porcentaje que dejó de ingresar el Concello de Ourense en actuaciones urbanísticas al no cobrar a los promotores esa cuota de las cesiones obligatorias - en la época del gobierno de Manuel Cabezas como alcalde y tomará declaración como investigados a todos los integrantes de la comisión municipal de gobierno que en noviembre de 2003 aprobó varios procedimientos administrativos, tal como pedían en sus recursos el propio exregidor y el ex edil de Urbanismo Ricardo Campo, también imputado en un delito de malversación en concurso con prevaricación.
La magistrada ya había dado por concluida la instrucción de cara al juicio oral, con dos imputados, pero estos últimos recurrieron la resolución que ahora estima la propia instructora.
En este caso, el fiscal pedía el archivo del caso al no ver delito, pero planteaba otras opciones: exonerar de toda responsabilidad a Cabezas o seguir la instrucción para todos los concejales -miembros de los plenos o de las comisiones de urbanismo- que desde el 1999 hubieran votado a favor de la aprobación de los proyectos de compensación urbanística controvertidos.
Este caso fue denunciado en 2014 por la ex concejala socialista Áurea Soto y hasta la fecha declararon como investigadas tres personas. El exedil Julio Díaz Salcedo quedó apeado por la prescripción del delito, tal como recuerda la jueza en su último auto.
