El Concello de Ourense sigue viviendo episodios difíciles de creer con Gonzalo Pérez Jácome al frente. El último, su fracaso al intentar recuperar los 2.800 euros al mes que pierde DO -y, por tanto, su televisión, a la que dijo que transfiere la mayor parte del dinero del grupo- desde que se fueron los díscolos. Tras lograr en una junta de portavoces que todos los grupos respaldasen su idea de evitar que los casos de “transfuguismo” no repercutiesen en las asignaciones de los partidos y anunciar que lo llevaría a pleno al estar ya listo, ayer (solo un día después) se quedó sin nada porque le faltaban los preceptivos informes que lo amparasen.
Una de las principales ideas que rondan la cabeza del alcalde desde que estalló la crisis de su partido es recuperar los 2.800 euros al mes más que cobraba antes de que los díscolos abandonasen la formación (700 euros por cada uno de los cuatro que abandonaron el partido). Para ello, no se cansó de convocar juntas de portavoces, en las que encontró receptividad, al entender que si algún concejal elegido por un partido lo abandona en medio del mandato, el grupo no debería perder el dinero que venía cobrando por el número de concejales que tenía. Encontró la comprensión de otros grupos, temerosos de que les pueda pasar lo mismo, si bien todos dijeron en su momento que los informes deberían dar el visto bueno al proceso, ya que se trata de sortear lo que dice la normativa estatal al respecto.
El miércoles pregonaba vía comunicado de prensa que ayer se aprobaría en junta de gobierno, -”nos adelantamos al resto de municipios”, presumía-, pero al llegar a la reunión todo su plan cayó abajo y se tuvo que retirar del punto del día la propuesta, que después habría ido al pleno. Y es que el expediente promovido por Jácome no había sido fiscalizado por el interventor. Otro error que paraliza por completo los plazos que el propio alcalde se marca.
En este caso, la fiscalización del interventor no es un tema menor, ya que el regidor pretende modificar las reglas de juego del reparto de dotaciones económicas que reciben los partidos de la corporación, como si no hubiese perdido a cuatro de sus siete ediles por el camino. Y pretende recuperarlas con carácter retroactivo a fecha 1 de enero.
La propuesta, de momento fracasada al no contar con ese informe, se basa en un acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias que defiende un cambio en la ley para que el transfuguismo no afecte a las dotaciones de los partidos. Sin embargo, antes hay que cambiar una ley nacional, aunque Jácome aseguró que se podría aplicar ya al tener un informe interno que suscribe esta visión. Por ello, presumió de que “nos adelantamos”. Eso lo hizo un día antes de que se viese que todo estaba en pañales.
