El secreto sumarial y las filtraciones que de éste se siguen centraron la primera mesa redonda de las jornadas 'Comunicación y Justicia' organizadas por la Universidad de Vigo y el Consejo General del Poder Judicial.
Entre los ponentes, Pablo Ruz, magistrado instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que llamó la atención sobre la 'necesidad de regular el secreto sumarial'. Su importancia está fuera de toda discusión, pues 'subsiste, entre otras cosas, para impedir que desaparezcan huellas del delito y reunir los elementos que impidan la contradicción durante juicio oral'. Está claro cuál es el objeto real del secreto. No obstante, a menudo 'se usa con fines espurios prolongándose más allá de lo necesario'. Cuando se acuerda, 'su resolución estará suficientemente motivada'.
Pablo Ruz se refirió también a la existencia de las filtraciones. 'A mi juicio -admitió- es muy difícil blindar el sumario', porque en caso de acordar su secreto, 'no sólo tiene acceso a él el juez, y el fiscal, sino el secretario judicial y todos los funcionarios del juzgado con acceso a la aplicación informática'. Demasiado cosidos para que la información acabe filtrándose. De ahí, la conveniencia de regular mejor el secreto sumarial, una de las excepciones con las que entra en colisión el derecho a la libertad de información recogido por la Constitución.
Inés Iglesias Canle, profesora de Derecho procesal de la Facultad de Derecho de Ourense, confrontó el derecho a facilitar y recibir información con aquellos otros que también deben hacerse efectivos durante un proceso judicial. Uno sería 'el derecho de defensa del justiciable'. Por otra parte, existe 'otro límite relevante que justifica la excepción de la publicidad con el secreto del sumario: la presunción de inocencia'. El régimen de responsabilidad del periodista -enfatizó la profesora- 'puede no ser suficiente'. Iglesias Canle fue auscultó el papel de los medios más allá de la fase de instrucción, y propuso reflexionar sobre el hecho de que en fase de vista oral estén presentes las cámaras, si éstas van a impedir que la declaración de un testigo esté vedada -como marca el Derecho- al resto de testigos, tal y como ocurrió 'durante el juicio del 11-M, cuando a pesar de estar fuera de la sala, unos testigos podían seguir las declaraciones de otros a través de la televisión'.
La tercera de las ponentes, María Montero, jefa de prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ahondó en el papel 'intermediario' que ejercen los gabinetes de comunicación, entre 'quienes quieren saber' -periodistas- y quienes desean llevar con discreción las actuaciones'. En caso de duda, 'existe un protocolo que establece qué datos se pueden facilitar al periodista durante la instrucción', como número de imputados y detenidos, motivos de la detención o situación procesal acordada.
El periodista Lalo Pavón, en representación de La Región, recordó que 'sin discutir la importancia de mantener el secreto, no es en el periodista donde radica la causa del mal. Las filtraciones se producen desde el interior de la maquinaria judicial'.
Pablo Ruz se refirió también a la existencia de las filtraciones. 'A mi juicio -admitió- es muy difícil blindar el sumario', porque en caso de acordar su secreto, 'no sólo tiene acceso a él el juez, y el fiscal, sino el secretario judicial y todos los funcionarios del juzgado con acceso a la aplicación informática'. Demasiado cosidos para que la información acabe filtrándose. De ahí, la conveniencia de regular mejor el secreto sumarial, una de las excepciones con las que entra en colisión el derecho a la libertad de información recogido por la Constitución.
Inés Iglesias Canle, profesora de Derecho procesal de la Facultad de Derecho de Ourense, confrontó el derecho a facilitar y recibir información con aquellos otros que también deben hacerse efectivos durante un proceso judicial. Uno sería 'el derecho de defensa del justiciable'. Por otra parte, existe 'otro límite relevante que justifica la excepción de la publicidad con el secreto del sumario: la presunción de inocencia'. El régimen de responsabilidad del periodista -enfatizó la profesora- 'puede no ser suficiente'. Iglesias Canle fue auscultó el papel de los medios más allá de la fase de instrucción, y propuso reflexionar sobre el hecho de que en fase de vista oral estén presentes las cámaras, si éstas van a impedir que la declaración de un testigo esté vedada -como marca el Derecho- al resto de testigos, tal y como ocurrió 'durante el juicio del 11-M, cuando a pesar de estar fuera de la sala, unos testigos podían seguir las declaraciones de otros a través de la televisión'.
La tercera de las ponentes, María Montero, jefa de prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ahondó en el papel 'intermediario' que ejercen los gabinetes de comunicación, entre 'quienes quieren saber' -periodistas- y quienes desean llevar con discreción las actuaciones'. En caso de duda, 'existe un protocolo que establece qué datos se pueden facilitar al periodista durante la instrucción', como número de imputados y detenidos, motivos de la detención o situación procesal acordada.
El periodista Lalo Pavón, en representación de La Región, recordó que 'sin discutir la importancia de mantener el secreto, no es en el periodista donde radica la causa del mal. Las filtraciones se producen desde el interior de la maquinaria judicial'.
