Un auto del juez de Ribadavia, José Luis Deaño, contra el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, sitúa al cargo popular, representante del presidente Núñez Feijóo en la provincia, más cerca del banquillo de los acusados, aunque tenga todavía la posibilidad de recurrir contra este auto ante la Audiencia provincial, el órgano judicial que ya rechazó en cuatro ocasiones el sobreseimiento de la causa -que se remonta a hace casi ocho años-, que no es otra que el cobro de subvenciones de la Unión Europea para obras que no llegaron a ejecutarse.
El delegado está imputado en este caso por malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Se trata de un auto de procesamiento contra Martínez, una resolución que pone fin a la investigación abierta tras una denuncia del BNG de O Ribeiro, a la que se adhirió la Asociación polo progreso de Ribeiro -vinculada al PSdeG-.
Esto significa que se ha dado traslado a las partes -defensa, fiscal y acusaciones particulares- para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral a través de un escrito de acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. El juez no detalla en este auto el tipo de delito o delitos por los que pudiera ser juzgado Rogelio Martínez, pero sí detecta indicios delictivos en el proceder del político y de otros 10 procesados, en todos los casos derivados de certificaciones de obras o de adquisición de maquinaria, que se pagaron en parte con fondos europeos pero que no se realizaron.
LA CONDUCTA
De este modo, el juez establece que se certificaron obras de una planta de biomasa y de maquinaria para ella, promovida por otro procesado, Gumersindo Alvarez Rodríguez, con ayuda del Centro de Iniciativas para el desarrollo del Val do Miño (Ceivam), que presidía Rogelio Martínez cuando era alcalde de Arnoia, a sabiendas de que no se ejecutaron. El ingeniero Miguel Reza Paz, otro procesado, sería el que emitió las certificaciones 'a pesar de que sabía que no se había ejecutado la nave allí descrita, sino que se había llevado a cabo una reconstrucción de un galpón (...) y que también conocía que no se había adquirido la maquinaria que se incluía en la certificación'. Y deja claro el juez que el órgano gestor de Ceivam, integrado por el ahora delegado, por Juan Emilio Aparicio (gerente) y por Pablo Fernández Loureiro (responsable administrativo y financiero), certificó todo aunque 'las obras y maquinaria que constan en esa certificación, en el proyecto de ejecución de Reza Paz y en las facturas incorporadas, no habían sido ejecutadas y adquiridas'; 'a sabiendas', puntualiza, 'de que no reflejaban la realidad, y autorizaron el abono en diferentes pagos' de la subvención a Alvarez Rodríguez, al que pagaron 39.065 euros en ayudas por este asunto.
La historia se repite con otras iniciativas empresariales de Arnoia, propuestas para obtener ayuda europea por otras cinco personas. Se trataba de propuestas para cinco talleres artesanales, que firmaron también un contrato de ayudas con Ceivam; nuevamente el ingeniero Reza Paz elaboró proyectos y emitió certificaciones por importe de 1.583 euros cada taller; y Ceivam 'certificó su realización y autorizó la transferencia de las ayudas, cobradas por sus respectivos beneficiarios -Alfredo Lázaro Gutiérrez, Severino Vieira Nieto, Ramón Domínguez Souto, Adrián Souto Parada y María del Carmen Gallego Nespereira- a sabiendas de que parte de las cantidades abonadas se correspondían con una partida no ejecutada'; es decir, abunda el juez, 'conocían que no se correspondían íntegramente con la realidad'.
Ayer, Rogelio Martínez, que anunció que no dimitiría, dice que si ordenó los pagos de las ayudas fue porque había el certificado de un técnico, y precisa que 'en ningún momento se me acusou de meter os cartos no bolsillo'. Señala, además, que 'non hai indicios de nada', porque el juez no concreta los supuestos delitos en este auto. 'Haberá que saber de qué se nos acusa', dijo, precisando que el fiscal ya pidió, aunque sin éxito, el archivo del proceso, que ordenó continuar la Audiencia, pese a que 'non entrou no fondo do asunto'. 'Eu só quero que entre e lea os 2.000 folios que contén'.
Se trata de un auto de procesamiento contra Martínez, una resolución que pone fin a la investigación abierta tras una denuncia del BNG de O Ribeiro, a la que se adhirió la Asociación polo progreso de Ribeiro -vinculada al PSdeG-.
Esto significa que se ha dado traslado a las partes -defensa, fiscal y acusaciones particulares- para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral a través de un escrito de acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. El juez no detalla en este auto el tipo de delito o delitos por los que pudiera ser juzgado Rogelio Martínez, pero sí detecta indicios delictivos en el proceder del político y de otros 10 procesados, en todos los casos derivados de certificaciones de obras o de adquisición de maquinaria, que se pagaron en parte con fondos europeos pero que no se realizaron.
LA CONDUCTA
De este modo, el juez establece que se certificaron obras de una planta de biomasa y de maquinaria para ella, promovida por otro procesado, Gumersindo Alvarez Rodríguez, con ayuda del Centro de Iniciativas para el desarrollo del Val do Miño (Ceivam), que presidía Rogelio Martínez cuando era alcalde de Arnoia, a sabiendas de que no se ejecutaron. El ingeniero Miguel Reza Paz, otro procesado, sería el que emitió las certificaciones 'a pesar de que sabía que no se había ejecutado la nave allí descrita, sino que se había llevado a cabo una reconstrucción de un galpón (...) y que también conocía que no se había adquirido la maquinaria que se incluía en la certificación'. Y deja claro el juez que el órgano gestor de Ceivam, integrado por el ahora delegado, por Juan Emilio Aparicio (gerente) y por Pablo Fernández Loureiro (responsable administrativo y financiero), certificó todo aunque 'las obras y maquinaria que constan en esa certificación, en el proyecto de ejecución de Reza Paz y en las facturas incorporadas, no habían sido ejecutadas y adquiridas'; 'a sabiendas', puntualiza, 'de que no reflejaban la realidad, y autorizaron el abono en diferentes pagos' de la subvención a Alvarez Rodríguez, al que pagaron 39.065 euros en ayudas por este asunto.
La historia se repite con otras iniciativas empresariales de Arnoia, propuestas para obtener ayuda europea por otras cinco personas. Se trataba de propuestas para cinco talleres artesanales, que firmaron también un contrato de ayudas con Ceivam; nuevamente el ingeniero Reza Paz elaboró proyectos y emitió certificaciones por importe de 1.583 euros cada taller; y Ceivam 'certificó su realización y autorizó la transferencia de las ayudas, cobradas por sus respectivos beneficiarios -Alfredo Lázaro Gutiérrez, Severino Vieira Nieto, Ramón Domínguez Souto, Adrián Souto Parada y María del Carmen Gallego Nespereira- a sabiendas de que parte de las cantidades abonadas se correspondían con una partida no ejecutada'; es decir, abunda el juez, 'conocían que no se correspondían íntegramente con la realidad'.
Ayer, Rogelio Martínez, que anunció que no dimitiría, dice que si ordenó los pagos de las ayudas fue porque había el certificado de un técnico, y precisa que 'en ningún momento se me acusou de meter os cartos no bolsillo'. Señala, además, que 'non hai indicios de nada', porque el juez no concreta los supuestos delitos en este auto. 'Haberá que saber de qué se nos acusa', dijo, precisando que el fiscal ya pidió, aunque sin éxito, el archivo del proceso, que ordenó continuar la Audiencia, pese a que 'non entrou no fondo do asunto'. 'Eu só quero que entre e lea os 2.000 folios que contén'.
