Una empresa denunció a la Confederación Hidrográfica, que niega cualquier irregularidad
El juez de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, reclamó a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil el expediente administrativo alusivo a la paralización de las obras en la antigua fábrica de la luz de Lugo, en el Miño, y que ha servido de base a la empresa adjudicataria, Inca Servicios e Ingeniería Civil S. A., para presentar una querella por prevaricación contra la cúpula del organismo. En la querella, que fue admitida a trámite y cuya instrucción fue declarada como compleja por la fiscal, figuran como investigados el presidente, Francisco Marín; el comisario de aguas, Xoán Novoa, e Iván Quintana, jefe del servicio de Gestión de Usuarios y Apoyo Administrativo.
El instructor esperará al análisis del expediente antes de decidir si toma declaración en calidad de investigados a los querellados, según confirmaron a este diario fuentes próximas al caso. Asimismo, pidió un informe al Concello de Lugo sobre las condiciones de la concesión a Inca y el estado actual del contrato.
La empresa asegura que los denunciados adoptaron una resolución prevaricadora al obstaculizar las obras de la mini central hidroeléctrica (paralización de las obras del dique construido en el cauce).
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil aseguró ayer que "siguió estrictamente el procedimiento administrativo y en ningún momento han sido dilatados los tiempos en la tramitación de los distintos documentos que conforman el expediente del proyecto de la central hidroeléctrica Fábrica de la Luz, cuyo promotor es el Concello de Lugo, aunque éste haya concesionado su explotación a la empresa Inca".
Desde el organismo de cuenca se matiza que "tanto el presidente como el comisario de aguas, así como el resto de funcionarios que intervinieron en la tramitación, actuaron en aplicación de la Normativa de Aguas". La Hidrográfica cree que el juzgado archivará la querella una vez que examine la totalidad de los documentos que forman el expediente, documentos que han sido revisados con la Abogacía del Estado.
