El juez del Contencioso Administrativo 2 de Ourense, José Andrés Verdeja Melero, ha dictado, a instancias del diputado de DO Armando Ojea, un auto en el que ordena la ejecución provisional de la sentencia que anulaba, por un defecto de forma, la compra del archivo histórico de La Región y La Región Internacional por parte de la Diputación provincial.
El juez da un plazo de un mes para que la Diputación devuelva el archivo a La Región y esta, a su vez, reintegre al ente provincial los 2,23 millones de euros más impuestos en que fue vendida la hemeroteca y los derechos de propiedad intelectual, pese a que todas las tasaciones realizadas a instancias de las partes le otorgaban un valor superior. Y lo hace, a pesar de que la sentencia pendiente de recurso, al igual que en una anterior, invalidaba la compra al detectar errores de forma en el procedimiento seguido para la adquisición del archivo histórico, pero en ningún momento pone en duda el valor de la colección histórica ni el precio pagado por ella.
Verdeja Melero da por buenas así las argumentaciones de DO, en un auto sorprendente, tanto por su rapidez (llega unos días después de que los interesados presentasen sus alegaciones) como porque niega los perjuicios que supone para las partes la ejecución provisional de una sentencia que todavía no es firme, puesto que está recurrida ante el Supremo tanto por la Diputación provincial como por La Región. No sólo niega tales perjuicios si no que el juez se permite emitir juicios de valor sobre cómo y en qué debe invertir la Diputación, poniendo en duda la utilidad de la compra de un archivo que narra más de un siglo de historia de la provincia. “No se ocasiona ningún perjuicio económico ni ningún impacto en la economía de la Diputación Provincial, sino todo lo contrario, dado que esta recupera una importante suma que podrá destinar a las finalidades que tenga por conveniente para una mejor y más eficaz prestación del servicio público”, se permite sermonear Verdeja en un razonamiento que nada tiene que ver con los fundamentos jurídicos que atañen al caso.
El juez tampoco considera necesario, al contrario de lo que suele ser habitual en estos casos, que quien solicita la ejecución provisional deposite una garantía que permita resarcir a los perjudicados por tal decisión en caso de que la Justicia acabase dándoles la razón.
Igual de sorprendente resulta que el juez, en lugar de limitarse a ordenar la ejecución provisional, tal y como se procede habitualmente en este tipo de autos, va más lejos y se apresura a fijar el plazo de un mes para hacerlo.
Verdeja Melero hace suyo el discurso político de Jácome
No es la primera vez que el juez Verdeja Melero asume las tesis de Jácome en sus litigios con La Región. Ya lo hizo en una sentencia que llamó la atención a juristas y fue recogida por el portal especializado en derecho Confilegal. En dicha sentencia, el juez daba la razón al modus operandi de Jácome de negar publicidad al diario líder de la provincia y contratarla a otros con menos audiencia.
Verdejo no sólo avalaba los criterios arbitrarios de Jácome sino que emitía juicios de valor, del estilo de los manejados por el líder de DO en sus soflamas. Se preguntaba el juez: “Si hoy en día, con la multiplicidad de medios de comunicación que hay para llegar a los ciudadanos, sigue siendo razonable que las instituciones públicas continúen gastando auténticas fortunas de dinero en publicidad, más aún cuando seguramente, de no hacerlo, se garantizaría una mayor independencia y libertad de estos medios a la hora de criticar la gestión de gobierno de la Administración correspondiente”.
Y se permitía añadir, en otro juicio de valor, sorprendentemente cercano a un discurso de Jácome empeñado en castigar a los medios críticos con su gestión que “esta circunstancia se enmarca en la conocida influencia que la publicidad institucional juega en los medios de comunicación, singularmente en los medios locales, en los que convirtiéndose en uno de sus principales inversores se asegura un trato ‘amable’ por parte de dichos medios”. Le da la vuelta así el juez al proceder de Jácome, que usa la publicidad para castigar a los medios críticos.
