Ya son tres los intentos frustrados del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para evitar la publicación de los audios que lo relacionan con prácticas corruptas: multas a nombre de otros, mordidas en los sueldos de asesores o el manejo de dinero en B dado por empresas (sin fiscalizar) para la compaña electoral. La magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, en un auto notificado ayer rechazó las medidas cautelares solicitadas por el regidor para, en este caso, impedir a La Región la divulgación de las grabaciones. El titular de Instrucción 1 ya había evitado hace una semana el “secuestro” de un audio publicado por La Voz de Galicia y la junta electoral tampoco paró este jueves las publicaciones de La Región a petición del alcalde.
La magistrada del Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia cuando el alcalde presentó una denuncia contra este diario por descubrimiento y revelación de secretos, denegó a Jácome su solicitud, como medida cautelar, de prohibir la difusión de las grabaciones de conversaciones que mantuvo con terceras personas. Alegó que las grabaciones se basan en “conversaciones mantenidas o bien en el despacho o bien en espacios de acceso reservado de edificios municipales u otras dependencias”, por lo que sostiene que “solo pueden haberse obtenido mediante la utilización de dispositivos técnicos de escucha y grabación de sonido”. No cuestiona el contenido, tal como hizo en la rueda de prensa en la que habló de manipulación.
La instructora destaca que la prohibición de difusión en medios de comunicación y redes sociales requiere autorización judicial “mediante decisión motivada que compruebe la proporcionalidad de la medida, analizando las circunstancias concurrentes en el momento de su adopción”. Por tanto, recuerda que el presupuesto esencial para la adopción de una medida restrictiva de un derecho es “la existencia previa de indicios racionales, y no meras conjeturas o sospechas, de la comisión de una infracción del artículo 197 del Código Penal”. La togada echa así por tierra la versión de Jácome en la que se declara víctima de una trama de espionaje en la que participan empresas y partidos políticos. El auto, contra el que cabe recurso, sostiene que “no concurren indicios bastantes que hagan presumir la participación de persona alguna, por cuanto no se aporta elemento alguno que permita inferir la colocación no autorizada de dispositivos de escucha y grabación”. Así, “no consta fotografía o inspección ocular de los que resulte dispositivo técnico de ninguna clase ni testigo o persona alguna que haya observado los mismos, su instalación, colocación o retirada, ni tampoco informe pericial que acredite el lugar de obtención o manipulación o alteración de ningún tipo”.
Las denuncias del regidor: viajes de ida y vuelta entre despachos
Las denuncias de Jácome contra La Región y La Voz de Galicia están incoadas pero no está claro qué juzgado las instruirá. En cuanto a la práctica de las diligencias de investigación interesadas en los dos escritos de denuncia del alcalde contra los dos diarios, tanto la titular del Juzgado de Instrucción 3 como el Juzgado de Instrucción 1 entienden que deberán ser resueltas por los órganos judiciales competentes, es decir, los juzgados a los que les corresponda por reparto, pues consideran que exceden de las competencias que tenían atribuidas durante sus funciones de guardia. Se limitaron a resolver la adopción de medidas cautelares que pedía el alcalde para frenar la información.
En el caso de La Región, el procedimiento recayó en el Juzgado de Instrucción 2, el cual devolvió la causa al número 3 para que resolviese sobre las medidas cautelares por ser el que estaba de guardia cuando se presentó la denuncia. Una vez resuelta la solicitud de medidas cautelares, la magistrada ha emitido un auto en el que se ha inhibido al juzgado de Luis Doval para que resuelva sobre las diligencias demandadas. No obstante, es probable que se aparte porque su mujer es asesora del alcalde. También está pendiente de reparto la que afecta a La Voz de Galicia.
Además de estas dos denuncias, a comienzos de semana el alcalde de Ourense volvió a presentar otra más contra La Región, ampliatoria de la primera, debido a la difusión de nuevos audios, en la que vuelve a requerir la prohibición de publicación de las grabaciones. Por el momento, esa solicitud de medida cautelar está todavía sin resolver.
