Dice que el proceder del regidor fue 'desafortunado, poco estético o reprobable', pero no delictivo

La jueza exonera al alcalde de Baltar de coacción y amenazas

El alcalde, en segundo término, y su letrado, Luis Romero. (Foto: LUIS BLANCO)
Las coacciones y amenazas por las que cuatro vecinos de Baltar (tres de ellos concurrieron en las listas del PSOE de 2011) denunciaron al alcalde 'popular' de Baltar, José Antonio Feijóo Alonso, no han sido acreditadas, según sentenció la jueza sustituta del Penal 1, Purificación González. Los cuatro coincidían en destacar que el mandatario local los presionó para que no concurrieran en la candidatura del PSOE
Asegura la magistrada que el delito de coacciones protege la libertad personal frente a ataques graves y relevantes, en el que la persona se be obligada a realizar lo que no quiere o deja de hacer lo que tiene derecho a ejecutar. Pues bien, argumenta la togada que 'la reacción física o psíquica percibida por los denunciantes no permite por si misma estimar que concurre intención de violentar o imponer tal o cual actuación por parte de una tercera persona'.

El fallo mantiene que el proceder del regidor podrá reputarse 'desafortunado, poco estético o reprobable desde el punto de vista de la pluralidad democrática pretendiendo una lista única en el Concello', ahora bien, añade, que 'en manera alguna subyace en él atisbo de acto coactivo'.

De hecho, destaca la magistrada, ya que no consta lo contrario, que los denunciantes no modificaron su proceder y el proceso electoral se desarrolló con normalidad. Incluso argumenta que la formación y personalidad de las denunciantes (cuatro mujeres y un hombre) 'hace difícil creer que puedan verse intimidadas por las visitas del acusado por más que refieran su gran influencia o que tiene una personalidad maquiavélica'.

Tanto para rechazar las acusaciones de coacciones como para las amenazas, la jueza hace referencia al principio de presunción de inocencia y su necesidad de 'conservarlo' para el acusado. En esta línea, apunta que en los distintos episodios narrados por los denunciantes y desmentidos por el acusado, no cuenta con 'ningún testimonio objetivo' que pueda arrojar luz sobre lo que realmente sucedió, ni ningún informe que le permita determinar que algunos datos, como las bajas médicas que supuestamente tuvieron que pedir las víctimas, se hubiesen producido.

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