Un auto del Tribunal Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña deniega a la patronal la medida cautelar de suspensión del proceso de renovación de los contratos de transporte público por carretera, que amenaza con dejar sin autobuses a la provincia de Ourense a partir del 7 de agosto, cuando vencen los contratos actuales, ahora en fase de adjudicación.
Las medidas cautelares de suspensión de los nuevos contratos que habían solicitado las patronales gallegas del transporte Fegabús, Anetra-Galicia y Fegatravi fueron desechados ya anteriormente por el Tribunal Administrativo de Contratos de Galicia. Las empresas creen que existe un perjuicio económico en las condiciones de prestación, especialmente con la generalización del transporte escolar compartido.
Contra esta resolución para paralizar el nuevo proceso para adjudicar las líneas de autobús todavía cabe recurso, que de hacerse efectivo amenaza con dejar en el aire el transporte público de la provincia de Ourense, la más afectada.
El procedimiento se encuentra ahora a la espear de abrir el sobre C, y apartir de ahí ya se haría el proceso de adjudicación de los contratos. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade sostuvo, como argumento de defensa, que de demorarse más el proceso, implicaría "deixar a gran parte da cidadanía, especialmente a das provincias de Ourense e Lugo, sen transporte público", y se quedarían 10.000 alumnos sin transporte escolar.
De los 41 proyectos que vencen el 7 de agosto, 15 afectan al transporte de la provincia de Ourense. Así pues, el auto da un respiro ante el "grave risco de interrupción do servizo", aunque cabe recurso.
El proceso para la adjudicación, con los plazos al límite
La jueza valora en el auto el "interés público" por encima de los "intereseses de la solicitante", que no resultan "bastantes" para la susupensión de proceso. Asimismo, sostiene que las patronales no facilitaron "ni siquiera indiciariamente" los fundamentos de los que derivarían esos perjuicios.
La adjudicación del Plan ya va con retraso después de que en se suspendiera cautelarmente el proceso, en espera de una resolución del Tribunal Administrativo que finalmente tumbó el recurso de la patronal.
