La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, notificó ayer un auto, por el que acuerda desglosar la instrucción de la 'operación Pokemon' contra la corrupción política en nueve piezas separadas (otros tantos procedimientos penales diferentes, tal como pedía el fiscal) con sus respectivos imputados, en aras de 'simplificar y activar el procedimiento', que se inició en septiembre de 2012 (las primeras detenciones fueron el día 20) y aún sigue bajo secreto de sumario. A partir de ahora, el secreto podrá irse levantando de forma independiente en cada una de las tramas.
La instructora razona que, aunque buena parte de las tramas podrían enjuiciarse conjuntamente, 'al tener conexión con actividades de análoga naturaleza, en la que con frecuencia vienen a participar los mismos sujetos, en otros casos no es así'. De Lara, en el auto, no precisa la competencia territorial para tramitar las distintas piezas ya que 'en ocasiones parece no vislumbrarse con demasiada claridad dada la diversidad de territorios y partidos judiciales afectados'.
El auto recoge los nombres de 85 personas y cuatro empresas imputadas que, según advierte la jueza, aún podrían ampliarse con el avance de las investigaciones, al igual que los delitos que se les atribuyen. Aparecen repartidos en nueve tramas, con un pieza principal en torno a la cual gravita toda la operación Pokemon. En esta última, está como principal inculpado el que fuera el primer presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y exedil de Lugo, Francisco Fernández Liñares, quien figura en tres piezas diferentes.
Políticos, empresarios y funcionarios vinculados al Concello de Ourense y Carballiño aparecen en cuatro de las piezas.
PIEZA 2: GRUPO VENDEX
En la número 2, la que se articula en torno a supuestas actividades delictivas en torno al grupo Vendex , un conglomerado de empresas que gestiona el servicio de la ORA en ciudades como Ourense y Lugo, figuran el mayor número de procesados de toda la Pokemon (46), entre los que está el exalcalde socialista de la ciudad,Francisco Rodríguez; su compañera sentimental, Mercedes Astorga; así como el exconcejal de Tráfico y Deportes, el nacionalista Fernando Varela, y el exjefe de la Policía Local, Abelardo Ulloa.
Asegura la magistrada que el proceder de estos imputados puede encuadrarse en delitos como 'tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales' al margen de otras actividades ilícitas -añade la togada- tales como 'la retirada ilícita de multas y sanciones, falsedad de facturas y realización de regalos a políticos y funcionarios' para la consecución de favores.
Asimismo, De Lara precisa que tanto Francisco Rodríguez como su pareja están, además, imputados en un delito de blanqueo de capitales, esto es, la realización de operaciones ilícitas tendentes a ocultar su patrimonio.
En esta trama también aparece el alcalde de Carballiño, Argimiro Marnotes (PP), quien, cuando accedió a la alcaldía, dio marcha atrás en el concurso al que optaba Vendex para la adjudicación del servicio de la ORA.
El delegado del grupo en Ourense, Adrián Cordero, también está incluido en esta pieza al ser el supuesto intermediario entre los políticos y los empresarios para la consecución de prebendas.
Por último, en cuanto a las personas vinculadas a Ourense, en esta pieza separada también incluye al funcionario del Concello de Ourense Ismael Méndez, quien habría participado en la elaboración del pliego de condiciones para adjudicar la limpieza de edificios públicos a PAU, empresa del grupo Vendex.
Esta pieza separada incluye a otros dos cargos políticos: José Clemente López Orozco (PSOE), de Lugo, y el exregidor de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), quien dimitó a raíz de su detención en septiembre del pasado año. Asimismo, aparece Liñares en relación a su etapa como concejal en Lugo.
Pieza 3: Confederación Hidrográfica miño-sil
La instrucción de la pieza número 3 radica, según el auto de la jueza De Lara, en los delitos de 'cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos' llevados a cabo por Francisco Fernández Liñares durante su etapa como presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a la hora de adjudicar contratos públicos. El matrimonio ourensano formado por José Daniel Blanco y Olga González Fernández figuran en la relación de imputados ya que, según la instrucción, su empresa de desbroce y limpieza se benefició de los tratos de favor de Liñares.
PIEZA 4: AQUAGEST
Incluye las presuntas 'adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios a Aquagest, la concertación con otras empresas y funcionarios públicos para la consecución de contratos y obtención de formación privilegiada a cambio de dinero, regalos y viajes a funcionarios y cargos electos, así como a cambio de la realización de favores' (acometidas ilegales, anulación de recibos y contratación de personas). Estas actuaciones están encardinadas en los delitos de 'blanqueo de capitales, falsedad documental, uso de información privilegiada, revelación de información, cohecho y prevaricación'.
En esta pieza, los dos únicos encausados vinculados a Ourense son el exalcalde de la ciudad y su pareja, quien trabaja precisamente desde hace años en las oficinas de Aquagest en la ciudad.
No obstante también está el exgerente de esa empresa en la ciudad, Henry Laíño, así como el exalcalde del PP en Santiago, Gerardo Conde Roa.
PIEZA 9: CONCELLO DE CARBALLIÑO
De Lara optó por separar una adjudicación del Concello de Carballiño en una pieza con identidad propia, con sólo tres imputados, seguida por un presunto delito de 'tráfico de influencias' atribuido al regidor, Argimiro Marnotes, a favor de la empresa Forestación Curro, propiedad de José Daniel Blanco y Olga González (imputados también en la pieza 3). El proceso penal se sustenta en la presunta manipulación del'Concurso del Servicio de Desbroce de Caminos municipales en el Concello de Carballiño'.
El auto recoge los nombres de 85 personas y cuatro empresas imputadas que, según advierte la jueza, aún podrían ampliarse con el avance de las investigaciones, al igual que los delitos que se les atribuyen. Aparecen repartidos en nueve tramas, con un pieza principal en torno a la cual gravita toda la operación Pokemon. En esta última, está como principal inculpado el que fuera el primer presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y exedil de Lugo, Francisco Fernández Liñares, quien figura en tres piezas diferentes.
Políticos, empresarios y funcionarios vinculados al Concello de Ourense y Carballiño aparecen en cuatro de las piezas.
PIEZA 2: GRUPO VENDEX
En la número 2, la que se articula en torno a supuestas actividades delictivas en torno al grupo Vendex , un conglomerado de empresas que gestiona el servicio de la ORA en ciudades como Ourense y Lugo, figuran el mayor número de procesados de toda la Pokemon (46), entre los que está el exalcalde socialista de la ciudad,Francisco Rodríguez; su compañera sentimental, Mercedes Astorga; así como el exconcejal de Tráfico y Deportes, el nacionalista Fernando Varela, y el exjefe de la Policía Local, Abelardo Ulloa.
Asegura la magistrada que el proceder de estos imputados puede encuadrarse en delitos como 'tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales' al margen de otras actividades ilícitas -añade la togada- tales como 'la retirada ilícita de multas y sanciones, falsedad de facturas y realización de regalos a políticos y funcionarios' para la consecución de favores.
Asimismo, De Lara precisa que tanto Francisco Rodríguez como su pareja están, además, imputados en un delito de blanqueo de capitales, esto es, la realización de operaciones ilícitas tendentes a ocultar su patrimonio.
En esta trama también aparece el alcalde de Carballiño, Argimiro Marnotes (PP), quien, cuando accedió a la alcaldía, dio marcha atrás en el concurso al que optaba Vendex para la adjudicación del servicio de la ORA.
El delegado del grupo en Ourense, Adrián Cordero, también está incluido en esta pieza al ser el supuesto intermediario entre los políticos y los empresarios para la consecución de prebendas.
Por último, en cuanto a las personas vinculadas a Ourense, en esta pieza separada también incluye al funcionario del Concello de Ourense Ismael Méndez, quien habría participado en la elaboración del pliego de condiciones para adjudicar la limpieza de edificios públicos a PAU, empresa del grupo Vendex.
Esta pieza separada incluye a otros dos cargos políticos: José Clemente López Orozco (PSOE), de Lugo, y el exregidor de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), quien dimitó a raíz de su detención en septiembre del pasado año. Asimismo, aparece Liñares en relación a su etapa como concejal en Lugo.
Pieza 3: Confederación Hidrográfica miño-sil
La instrucción de la pieza número 3 radica, según el auto de la jueza De Lara, en los delitos de 'cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos' llevados a cabo por Francisco Fernández Liñares durante su etapa como presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a la hora de adjudicar contratos públicos. El matrimonio ourensano formado por José Daniel Blanco y Olga González Fernández figuran en la relación de imputados ya que, según la instrucción, su empresa de desbroce y limpieza se benefició de los tratos de favor de Liñares.
PIEZA 4: AQUAGEST
Incluye las presuntas 'adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios a Aquagest, la concertación con otras empresas y funcionarios públicos para la consecución de contratos y obtención de formación privilegiada a cambio de dinero, regalos y viajes a funcionarios y cargos electos, así como a cambio de la realización de favores' (acometidas ilegales, anulación de recibos y contratación de personas). Estas actuaciones están encardinadas en los delitos de 'blanqueo de capitales, falsedad documental, uso de información privilegiada, revelación de información, cohecho y prevaricación'.
En esta pieza, los dos únicos encausados vinculados a Ourense son el exalcalde de la ciudad y su pareja, quien trabaja precisamente desde hace años en las oficinas de Aquagest en la ciudad.
No obstante también está el exgerente de esa empresa en la ciudad, Henry Laíño, así como el exalcalde del PP en Santiago, Gerardo Conde Roa.
PIEZA 9: CONCELLO DE CARBALLIÑO
De Lara optó por separar una adjudicación del Concello de Carballiño en una pieza con identidad propia, con sólo tres imputados, seguida por un presunto delito de 'tráfico de influencias' atribuido al regidor, Argimiro Marnotes, a favor de la empresa Forestación Curro, propiedad de José Daniel Blanco y Olga González (imputados también en la pieza 3). El proceso penal se sustenta en la presunta manipulación del'Concurso del Servicio de Desbroce de Caminos municipales en el Concello de Carballiño'.
