Los tres detenidos en Verín por presuntamente amañar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos extranjeros y vecinos de la comarca de Monterrei, la abogada Elena Domínguez; su compañero sentimental, Javier Suárez, y el vecino de Tamagos Faustino Paradela, quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de la villa.
La toma de declaración comenzó pasada las doce del mediodía con la única mujer imputada, que abandonó el calabozo de la Policía Local escoltada por dos agentes. De camino a las dependencias judiciales (el calabozo está en la planta baja del edificio), se encontró con varios familiares y amigos que esperaron más de dos horas para arroparla y darle ánimos.
Elena Domínguez les correspondía con una sonrisa antes de entrar en el ascensor que la conducía a la sala de interrogatorios, donde durante más de una hora negó los hechos que se le imputan. Según pudo saber este periódico, la letrada reconoció conocer algunas de las parejas que están siendo investigadas pero aseguró que toda su relación fue 'estrictamente laboral', de asesoramiento, sin preguntarles si convivían juntos, cómo se conocieron o cómo formaron pareja.
En el procedimiento constan fotografías en las que se aprecia a la abogada y a su compañero sentimental en los alrededores de la Subdelegación del Gobierno de Ourense acompañando a inmigrantes al departamento de Extranjería (está en el edificio) a solicitar la tarjeta de residente en España. La letrada reconoció que había acompañado a los inmigrantes, pero como 'profesional' que los asesoraba.
La declaración de los otros dos arrestados fue mucho más corta y, según fuentes policiales, ambos también negaron los hechos que se le imputan, alegando que en ningún momento habían apalabrado ningún matrimonio de conveniencia ni contactado con inmigrantes para regularizar su situación en el territorio nacional. Javier Suárez reconoció que había acompañado inmigrantes a solicitar el permiso de residencia pero para 'asesorarlos' después de contactar con el bufete de su compañera. Los agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional mantienen la investigación abierta después de comprobar que 35 matrimonios, todos ellos en la comarca de Monterrei, fueron de conveniencia, para que uno de los cónyugues regularizara su situación en España a cambio de pagar al otro cantidades de entre 1.500 y 3.000 euros. Los agentes tiene previsto tomarles declaración con el objetivo de retirarles el permiso y expulsarlos del país.
Elena Domínguez les correspondía con una sonrisa antes de entrar en el ascensor que la conducía a la sala de interrogatorios, donde durante más de una hora negó los hechos que se le imputan. Según pudo saber este periódico, la letrada reconoció conocer algunas de las parejas que están siendo investigadas pero aseguró que toda su relación fue 'estrictamente laboral', de asesoramiento, sin preguntarles si convivían juntos, cómo se conocieron o cómo formaron pareja.
En el procedimiento constan fotografías en las que se aprecia a la abogada y a su compañero sentimental en los alrededores de la Subdelegación del Gobierno de Ourense acompañando a inmigrantes al departamento de Extranjería (está en el edificio) a solicitar la tarjeta de residente en España. La letrada reconoció que había acompañado a los inmigrantes, pero como 'profesional' que los asesoraba.
La declaración de los otros dos arrestados fue mucho más corta y, según fuentes policiales, ambos también negaron los hechos que se le imputan, alegando que en ningún momento habían apalabrado ningún matrimonio de conveniencia ni contactado con inmigrantes para regularizar su situación en el territorio nacional. Javier Suárez reconoció que había acompañado inmigrantes a solicitar el permiso de residencia pero para 'asesorarlos' después de contactar con el bufete de su compañera. Los agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional mantienen la investigación abierta después de comprobar que 35 matrimonios, todos ellos en la comarca de Monterrei, fueron de conveniencia, para que uno de los cónyugues regularizara su situación en España a cambio de pagar al otro cantidades de entre 1.500 y 3.000 euros. Los agentes tiene previsto tomarles declaración con el objetivo de retirarles el permiso y expulsarlos del país.
