Tres años y un día de cárcel es la condena que aceptó ayer la lotera Sandra do Campo Orbán (49 años) por un delito de malversación de caudales públicos al reconocer que entre finales de 2010 y el pasado año se quedó con 152.264 euros que debía de haber ingresado en la cuenta bancaria de la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
La acusada, tal como establece la sentencia de la Audiencia provincial, también será inhabilitada durante siete años para empleo o cargo público. Asimismo, deberá saldar con la compañía de seguros la deuda que abonó a la Onlae por el dinero malversado.
Do Campo Orbán era la titular en la Administración de Lotería situada en la plaza de Santa Eufemia y, como tal, debía ingresar todas las semanas en la cuenta del organismo público la liquidación correspondiente a las ventas de juegos y apuestas, toda vez que hubiera descontado sus correspondientes comisiones y de los premios abonados por esa administración.
Tal como recogerá la sentencia, con ánimo de obtener un beneficio económico fue ingresando para sí las cantidades relativas a distintas semanas de los año 2010 y 2011 , dejando un descubierto de 152.264 euros.
La inculpada tenía concertado con la compañía de seguros AXA un seguro, tal como se exige a todos los titulares de despachos de Administración como garantía de su responsabilidad por el manejo de fondos públicos.
REBAJA DE LA PENA
El reconocimiento de los hechos por parte de la inculpada hizo que la fiscal bajase la pena inicialmente reclamada en su escrito de calificación provisional (cuatro años de prisión), de ahí que el juicio de ayer apenas durase cinco minutos.
La acusación particular que ejercía la Onlae se adhirió a la propuesta de la representante del Ministerio Fiscal.
Do Campo Orbán era la titular en la Administración de Lotería situada en la plaza de Santa Eufemia y, como tal, debía ingresar todas las semanas en la cuenta del organismo público la liquidación correspondiente a las ventas de juegos y apuestas, toda vez que hubiera descontado sus correspondientes comisiones y de los premios abonados por esa administración.
Tal como recogerá la sentencia, con ánimo de obtener un beneficio económico fue ingresando para sí las cantidades relativas a distintas semanas de los año 2010 y 2011 , dejando un descubierto de 152.264 euros.
La inculpada tenía concertado con la compañía de seguros AXA un seguro, tal como se exige a todos los titulares de despachos de Administración como garantía de su responsabilidad por el manejo de fondos públicos.
REBAJA DE LA PENA
El reconocimiento de los hechos por parte de la inculpada hizo que la fiscal bajase la pena inicialmente reclamada en su escrito de calificación provisional (cuatro años de prisión), de ahí que el juicio de ayer apenas durase cinco minutos.
La acusación particular que ejercía la Onlae se adhirió a la propuesta de la representante del Ministerio Fiscal.
