La concejala de Benestar Social y teniente de alcalde de la ciudad, Marga Martín, considera que la citación judicial para declarar en calidad de imputada por supuestas irregularidades en la gestión y pagos del servicio de ayuda a domicilio es 'un punto de inflexión y un alivio, porque por fin tendré la oportunidad de aclarar dudas'. En una comparecencia en la que estuvo arropada por sus compañeros de grupo José Ángel Vázquez Barquero y Áurea Soto, Martín aseguró que no va a dimitir porque 'estoy en el gobierno para trabajar por la ciudad'.
En esta misma línea de argumentación, Soto -que también declarará como imputada por una denuncia relacionada con la plaza de San Antonio- sostuvo que 'las cosas hay que probarlas. Las presiones son enormes. Es tan fácil, a cualquiera que te moleste, expulsarlo de la política con algo que ni siquiera tienes que demostrar que esto no tiene sentido. Tenemos que poder gobernar'.
Marga Martín ha sido citada para el día 27 de este mes, junto a dos funcionarias (la jefa del servicio en 2008 y la actual), que también lo harán en calidad de imputadas; es decir, con abogado, aunque por el momento no se les ha atribuido a ninguna de ellas delito o falta alguna.
El portavoz socialista, Vázquez Barquero, también defendió la presunción de inocencia en un contexto, dijo, en el que 'la clase política ha pasado de ser presuntamente inocente a presuntamente culpable'. El también edil de Economía se mostró 'absolutamente convencido de que el procedimiento administrativo de pago (de las facturas del servicio) se ha realizado correctamente'. Todos reiteraron que los pagos efectuados a la anterior concesionaria del servicio estaban 'avalados por informes técnicos', recordando que únicamente fueron reparadas por el interventor facturas correspondientes a 2011 debido a que la adjudicataria prestaba el servicio después de haber resuelto el contrato. Martín también subrayó que la nueva adjudicación tardó un año en realizarse, 'porque es un procedimiento largo'.
Marga Martín ha sido citada para el día 27 de este mes, junto a dos funcionarias (la jefa del servicio en 2008 y la actual), que también lo harán en calidad de imputadas; es decir, con abogado, aunque por el momento no se les ha atribuido a ninguna de ellas delito o falta alguna.
El portavoz socialista, Vázquez Barquero, también defendió la presunción de inocencia en un contexto, dijo, en el que 'la clase política ha pasado de ser presuntamente inocente a presuntamente culpable'. El también edil de Economía se mostró 'absolutamente convencido de que el procedimiento administrativo de pago (de las facturas del servicio) se ha realizado correctamente'. Todos reiteraron que los pagos efectuados a la anterior concesionaria del servicio estaban 'avalados por informes técnicos', recordando que únicamente fueron reparadas por el interventor facturas correspondientes a 2011 debido a que la adjudicataria prestaba el servicio después de haber resuelto el contrato. Martín también subrayó que la nueva adjudicación tardó un año en realizarse, 'porque es un procedimiento largo'.
