Un acuerdo entre dos familias fue el punto de partida que fraguó una situación de malos tratos hacia una joven. El acusado, B.K. fue condenado a un año de prisión.
Las circunstancias que envuelven los hechos comenzaron en 2014. Las familias de un hombre de 26 años y de una mujer de 15 pactaron el matrimonio entre ambos. Al poco tiempo de casarse, él se trasladó a España para buscar trabajo y ella se quedó en Marruecos -de donde son ambos-.
En 2017, la denunciante se trasladó a España para residir con su marido en O Barco. Ese mismo año ambos tuvieron una hija.
Dos años más tarde, la familia viajó a Marruecos para arreglar los papeles. El imputado regresó con la documentación de su esposa y de su hija. Ellas se quedaron allí, privadas de los papeles necesarios para volver a España. En ese momento, B.K. interpuso una demanda de divorcio solicitando que investigasen a su cónyuge por una presunta infidelidad con sus amigos y porque “no podía estar siempre presente para controlarla”.
Finalmente, un año más tarde, ella regresó a España y consiguió recuperar su documentación con ayuda de los Servicios Sociales. Sin embargo, desde entonces comenzó a sufrir malos tratos físicos de forma habitual.
FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS
Era frecuente que B.K. golpease en la cara a su cónyuge hasta hacerla sangrar, según la sentencia. En una ocasión, tras pegarle, le tapó la boca con una fregona para evitar que gritase. También recibía violencia psicológica: la insultaba, la llamaba puta, la amenazaba y no tenía libertad de movimiento ni podía salir sola de casa.
Tampoco tenía libertad económica: él llevaba todo el control del dinero y no dejaba que ella pudiese hacer ningún gasto personal.
La víctima acudió finalmente al CIM de Valdeorras y solicitó el divorcio a través de la justicia gratuita, manifestando que sentía temor. En una exploración en el hospital avistaron claros síntomas de miedo hacia su marido quien, junto a su familia, la persiguió en numerosas ocasiones para que retirase la denuncia.
