Los cheques bebé, los alquileres a bajo coste o las ayudas escolares por empadronamiento tienen escaso resultado
La sucesión de medidas desarrolladas por varios concellos en la provincia de Ourense durante los últimos años y destinadas a conseguir remontar la natalidad o la demografía de las pequeñas poblaciones del rural parecen no estar teniendo el éxito esperado ni traducirse en un incremento poblacional evidente. Los números son claros, entre 2005 y 2015 Ourense ha perdido más de 21.000 habitantes, excepto localidades próximas a la capital, como Barbadas, Pereiro de Aguiar o San Cibrao das Viñas, que han tenido crecimientos espectaculares a costa de la caída de población en la ciudad -menos impuestos y costes están detrás de esta realidad-.
Pero no es el caso de otros concellos de la provincia. En Ramirás, por ejemplo, hace años que se promovió la rehabilitación de las antiguas escuelas como viviendas para atraer población; actualmente cuenta con ocho ocupadas por familias en régimen de alquiler. Aún así ha perdido casi 450 habitantes en 10 años.
Bande, capital de Baixa Limia, aprobó en 2007 una ayuda de 1.000 euros por nacimiento, una media de entre cuatro y cinco familias se benefician anualmente de esta iniciativa, pero esto no ha evitado que desde 2005 haya visto mermada su población en 550 habitantes. En Quintela de Leirado, se optó por las ayudas escolares a los niños empadronados en el municipio, un total de 2.000 euros este año para 15 niños. El Concello perdió desde 2005 casi 200 vecinos.
Arrendamientos baratos fue lo que ofrecieron los padres de los colegios de Vilariño de Conso y Rubiá buscando evitar la pérdida de alumnos y el cierre de clases. Meses después de su llegada, la mayoría de las familias abandonaron la zona. "Tentamos axudalos. Algúns traballaron no Concello mais foron marchando", comenta el alcalde de Rubiá, Elías Rodríguez Núñez. Pese a ello, no ve mal la adopción de medidas para frenar la despoblación. "Como iniciativa estaba ben. Calquera opción é válida. Outra cousa é que dé resultado", dice Melisa Macía Domínguez, que ejerce de alcaldesa en funciones de Vilariño de Conso.
En este Concello, la asociación Xolo fue la que buscó pisos para ofrecer en alquileres baratos. También aquí llegaron familias y, al igual que sucedió en Rubiá, fueron marchando muchas de ellas. "As medidas parécenme ben, mais non son suficientes", dice la regidora. Pese a ello, matiza que la gran mayoría llegó al Concello sin un proyecto de vida en el rural, una carencia que al final provocó su marcha. Por otra parte, están las ayudas económicas para el fomento de la natalidad. Larouco no es el único que las otorga, pues también las ofrecen Vilamartín (600 euros), Chandrexa de Queixa (1.000 euros por año, durante un trienio), A Veiga (2.000 euros, repartidos en cuatro entregas de 500 euros), Manzaneda (900 euros, en tres años) y O Bolo (542, 721 y 901 euros, por el primero, segundo y tercer hijo, respectivamente).
Castrelo de Miño desarrolla desde 2008 el plan de vivienda Castrelo para vivir, "unha resposta municipal para fomentar a rehabilitación das vivendas e o asentamento poboacional", apunta el alcalde de esta localidad que perdió 480 habitantes en los últimos 10 años, Xurxo Rodríguez.
En Cenlle, se puso en marcha el programa "Rehabilita" para facilitar la compra y venta de casas, que el Concello subvenciona con 2.000 euros para construcción o rehabilitación de la primera vivienda. Es otra vía de lucha contra la despoblación, aunque de éxito relativo.
