La campaña impulsada por el Concello de Ourense para la retirada de vallas publicitarias que contravienen la legalidad continúa cobrándose víctimas. La última junta de gobierno local acordó sancionar a un total de nueve empresas con una multa de 1.000 euros a cada una, después de haberlas requerido sin éxito para desinstalar un total de 26 vallas en distintos puntos de la ciudad. Una mayoría de ellas se emplazan en el entorno de la N-120 y en la calle Marcelo Macías.
Junto con las multas y los requerimientos, una vez más, para que en el plazo de ocho días las vallas sean retiradas, la junta de gobierno resolvió desestimar un total de ocho recursos de reposición interpuestos por los propietarios de otras 40 vallas contra un acuerdo municipal que las declaraba ilegales.
Si en un primer momento la acción municipal se había centrado en la identificación de los propietarios y la delimitación de la legalidad de las estructuras, el siguiente paso fue ordenar la retirada de aquellas que, por su ubicación, eran ilegalizables. Sin embargo, este requerimiento no siempre tuvo cumplimiento y el Concello tuvo que optar por notificar multas coercitivas. La pretensión del Consistorio pasa por que las sanciones persuadan a los dueños para cumplir la orden de retirada. En caso contrario, el departamento de Urbanismo cuenta con un proyecto para la reposición de la legalidad que pasa por desmontar las vallas publicitarias, cuyo coste luego sería trasladado a los propietarios de las estructuras.
La junta local resolvió por último declarar la caducidad del expediente de otros 13 vallados en la avenida de Zamora.
Si en un primer momento la acción municipal se había centrado en la identificación de los propietarios y la delimitación de la legalidad de las estructuras, el siguiente paso fue ordenar la retirada de aquellas que, por su ubicación, eran ilegalizables. Sin embargo, este requerimiento no siempre tuvo cumplimiento y el Concello tuvo que optar por notificar multas coercitivas. La pretensión del Consistorio pasa por que las sanciones persuadan a los dueños para cumplir la orden de retirada. En caso contrario, el departamento de Urbanismo cuenta con un proyecto para la reposición de la legalidad que pasa por desmontar las vallas publicitarias, cuyo coste luego sería trasladado a los propietarios de las estructuras.
La junta local resolvió por último declarar la caducidad del expediente de otros 13 vallados en la avenida de Zamora.
