Una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha dado un nuevo varapalo a los intentos de legalización de los edificios 2B y 2C de la Rúa do Bierzo de Ourense, donde la amenaza de derribo de los inmuebles, por diversas irregularidades urbanísticas, planea ya desde 2006.
El Concello de la ciudad, en un intento por resolver el litigio, llegó a tramitar un estudio de detalle que regularizaría la línea de rasante y otros problemas que originaron la denuncia inicial; pero la jueza Amalia Bolaño ha rechazado finalmente esta posibilidad, pronunciándose contra los recursos interpuestos por la comunidad de propietarios de los edificios y los constructores, contra un acuerdo de la junta municipal de gobierno de febrero de 2006, que ya instaba a la promotora a demoler la construcción al no atenerse a la licencia concedida y ordenaba el corte de los suministros de gas, electricidad y agua a las viviendas.
Desde entonces se han producido numerosos recursos de una y otra parte, hasta desembocar en la resolución dictada el pasado 29 de julio y notificada a las partes hace sólo unos días. En ella, la jueza desestima hasta tres recursos (de una propietaria, de la promotora y de la comunidad de vecinos), que pretendían evitar la demolición, alegando que tal medida, que piden los denunciantes, es desproporcionada ya que el exceso detectado en la alineación y el fondo de los edificios es, a su juicio, lógico por el complejo replanteo en curva del edificio. También sostenían que la altura de la planta baja y la cornisa se atienen al Plan de Urbanismo actual. Pero esta última sentencia provoca, con su fallo, una nueva resolución de demolición de los edificios y de corte de servicios básicos a las viviendas. Así lo señala el abogado de los denunciantes iniciales, Luis Fernández Ramos.
Desde entonces se han producido numerosos recursos de una y otra parte, hasta desembocar en la resolución dictada el pasado 29 de julio y notificada a las partes hace sólo unos días. En ella, la jueza desestima hasta tres recursos (de una propietaria, de la promotora y de la comunidad de vecinos), que pretendían evitar la demolición, alegando que tal medida, que piden los denunciantes, es desproporcionada ya que el exceso detectado en la alineación y el fondo de los edificios es, a su juicio, lógico por el complejo replanteo en curva del edificio. También sostenían que la altura de la planta baja y la cornisa se atienen al Plan de Urbanismo actual. Pero esta última sentencia provoca, con su fallo, una nueva resolución de demolición de los edificios y de corte de servicios básicos a las viviendas. Así lo señala el abogado de los denunciantes iniciales, Luis Fernández Ramos.
