La ley de la eutanasia que se aprobó en España el pasado mes de marzo y entró en vigor el 25 de junio ha permitido a un paciente ourensano del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), que sufría un cáncer incurable y avanzado, morir fijando fecha y hora. Aunque no ha trascendido el día exacto, sí está confirmado que es el primer caso de muerte asistida en Galicia en trascender y el tercero en España, después del de una mujer del País Vasco de 86 años con dolencias del corazón y deterioro cognitivo y el de una sexagenaria de Alicante que padecía esclerosis múltiple desde hace más de 20 años.
Ourense se convierte así en la primera provincia de la comunidad autónoma gallega donde se aplica esta ley para dolencias incurables que causan un sufrimiento insoportable, un hecho que contrasta sin embargo con el bajo número de testamentos vitales inscritos desde 2014, un documento de voluntades anticipadas con validez jurídica que permite trasladar instrucciones para aceptar o rechazar determinados procedimientos terapéuticos o el destino final del cuerpo del fallecido con el fin de que su decisión sea conocida y respetada en el momento en que no tenga capacidad para manifestarla por sí mismo. Los ourensanos son los gallegos que menos recurren al documento de instrucciones previas que se incorpora a la historia clínica.
Este periódico confirmó que otro enfermo, quien reúne los requisitos, ya tiene los trámites muy avanzados en Ourense para poder cumplir su voluntad de morir en los próximos días. Pero son muchos más los que han solicitado información a la delegación gallega de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) sobre la ley y sus pormenores a modo de asesoramiento. “Esto no implica que quieran pedir la eutanasia en estos momentos”, precisa la portavoz en Galicia, Isabel Blanco Domínguez.
Este colectivo ofrece desde hace años información sobre todos los derechos sanitarios reconocidos como la ley de autonomía o la normativa de 2015 sobre cuidados a enfermos terminales en Galicia. Ahora abren un nuevo frente para divulgar la ley de la eutanasia de 2021. Blanco cree que esta última supone “un gran avance porque reconoce un derecho individual a poder decidir hasta cuándo quieres seguir viviendo”. Pero, matiza, “es mejorable” porque, por ejemplo, “no contempla situaciones como el sufrimiento psíquico”. En el caso gallego, cree que la Comisión de Garantías -figura autonómica de apoyo al desarrollo de la ley compuesta por 12 expertos, médicos y juristas que se constituyó el 9 de julio- adolece de falta de transparencia. “Nos enteramos de quién es la presidenta por la prensa”, asegura. Y tampoco comparten que se le amplíe el margen de maniobra al comité de bioética. “No entendemos su papel en la solicitud y aplicación de la norma estatal”, añade.
La ley orgánica, recurrida por Vox y el PP ante el Constitucional, faculta al paciente para, cumpliendo los requisitos, poder elegir al médico al que dirige la solicitud. La portavoz de DMD cree que lo normal sería decantarse por el médico de familia. “El médico de Primaria conoce bien al paciente y es normal que en un proceso tan íntimo y delicado sea la persona escogida, pero en Galicia, con el reglamento de Sanidade que desarrolla la ley a nivel autonómico, hay un responsable en cada área sanitaria que recibe la demanda y hace el seguimiento de la solicitud y en dos días adjudica un médico responsable, que es un desconocido”, explica Isabel Blanco Domínguez. “No sentimos que en Galicia -agrega- haya una facilitación de la aplicación de la ley”.
Desde el Colegio Médico de Ourense aseguran que todavía es pronto para valorar el desarrollo de la eutanasia por su corto recorrido. De hecho, el registro de objetores de conciencia, está “en pañales”.
En cuanto a la incidencia que puede tener la eutanasia en Galicia cuando esté plenamente rodada al cabo de unos años, aplicando los porcentajes de los países europeos en donde está implantada desde hace años, sobrepasaría los cien casos anuales teniendo en cuenta el total de los fallecidos.
Hasta un mes de espera: 10 pasos desde que se solicita
Fuentes asistenciales consultadas cuantifican en torno a algo más de un mes la duración del proceso desde que un paciente mayor de edad le comunica al médico el deseo de morir porque padece un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal o una dolencia irreversible con limitaciones en su autonomía. Son necesarias varias semanas desde que se inicia la deliberación con el paciente hasta que se fija el lugar en el que se va a suministrar el fármaco, por vía intravenosa u oral, que pondrá punto final a la vida, en un entorno hospitalario o domiciliario. En personas incapacitadas o con deterioro cognitivo, se pueden acortar los plazos. El colectivo Derecho a Morir Dignamente detalla en su página web hasta 10 pasos. El Colegio Médico de Ourense incluye una guía sobre los requisitos.
“Es una ley muy garantista que vela porque la petición sea personal, firme, libre y meditada”, aseguran esas mismas fuentes. Precisan que “el procedimiento aun se está perfeccionando” y, por tanto, podría acortarse algún paso intermedio o bien simplificarse.
De hecho, tras la primera solicitud, se abre una deliberación de dos semanas en la que se plantean alternativas y se deja al enfermo que repose la idea de cara a una segunda petición. También irrumpe en escena la figura del médico consultor que designa la Dirección Asistencial del Área Sanitaria y que debe ser totalmente ajeno al equipo que atiende al paciente para evaluar el caso. Eso sí, tiene que ser especialista en la patología que aqueja al enfermo. El informe favorable debe pasar por la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia. La presidenta designa a un médico de la comisión y un jurista para garantizar que se cumplen escrupulosamente los criterios establecidos por la ley.
TESTAMENTO VITAL: SOLO EL 9% DEL TOTAL GALLEGO
El hecho de que el CHUO fuese el primer hospital gallego en practicar una eutanasia legal contrasta con la baja demanda del testamento vital (el interesado deja por escrito los cuidados al final de la vida cuando no pueda expresarse). Durante el primer semestre de este año, se inscribieron 663 documentos en el registro gallego, según datos de la Consellería de Sanidade. Solo el 9% pertenecían a personas con residencia en la provincia de Ourense. Y en el contexto estatal, Galicia está cuarta por la cola, con un 0,4% de la población.
En 2020, el Rexistro Galego de Instrucciones Previas cerró con 11.790 inscritos, de los que el 64% eran mujeres y el 36% hombres. El año de la pandemia fue histórico ya que hasta esa fecha no se habían sobrepasado los 9.437 documentos (en 2019). Ourense volvió a ser la provincia con menos: el 9% del total frente al 11% de Lugo, el 48% de A Coruña y el 32% de Pontevedra. Un porcentaje importante, el 46%, decidió donar los órganos y el 5%, el cuerpo a la ciencia. La edad media en la que se deciden a formalizar el documento está en los 56 años.
